Así que, cerrada -se supone que para siempre- la polémica sobre lo de la anexión de territorios, quizá deberá hablarse ya y desde el sosiego, de un par de asuntos que estaban en el fondo del primero y que, con el estruendo, pasaron desapercibidos. Uno, la existencia de derechos de los gallegos en el exterior de la actual geografía del país y, otro, el modo que habrá de articularse para defenderlos en caso de necesidad. Dicho de otro modo, queda por plantear hasta dónde llega Galicia como comunidad.
No se trata de un asunto solamente teórico o académico, conste: por referirse, como se ha citado, a derechos existentes es por naturaleza concreto y ha de ser en el terreno de la práctica donde debe hallarse para él una solución. Que podría plantearse de forma abstracta -para impedir la reapertura de viejas discusiones, por ejemplo- pero que convendrá dejarla prevista en el texto del futuro Estatuto. Como, por cierto, han hecho o harán otras comunidades, con la diferencia de que ellos no tienen tantas ganas de discutir como, al parecer, existen en este lado del Padornelo.
Eso dicho, y hablando de territorio, tampoco estaría de más aprovechar el momento para reflexionar muy despacio sobre cuál será la estructura -la interna, claro- dentro de unos cuantos años. Entre otras muchas razones porque a nadie se le oculta que cuando las áreas metropolitanas sean una realidad jurídica, y cuando las urgencias económicas demuestren con mayor claridad todavía la plena inviabilidad de no pocos concellos, habrá que tener preparadas las soluciones, no emplear otro cuarto de siglo en hallarlas.
Y que nadie haga aspavientos: eso es lo que ha sucedido con el dichoso Pacto Local que ayer mismo anunció para enero de 2006 el señor presidente de la Xunta, y que estuvo un cuarto de siglo tratado al modo de la famosa perdiz del mareo. Y como un nuevo mapa del país -porque en definitiva es de éso de lo que se habla- va a suscitar duras controversias de ciencia y tensas discusiones de conciencia que tardarán en tener salida definitiva más vale preparar unas cuantas provisionales siquiera para que todo quisque esté avisado.
Por cierto que, ya puestos, tampoco estaría de más preguntarse -y preguntar- si el Pacto ése que durante cuatro años regirá las relaciones entre los municipios y la Xunta tendrá algo más que un significado financiero. Y es que si bien parecen tener razón quienes, tras afirmar que primum vivere, quieren dejar para más adelante todo lo demás, el filosofar sobre otros aspectos, en el fondo cabe la pregunta de si no hubiera sido preferible esperar tres o cuatro meses para incluirlo en el Estatuto.
Es un futurible, ciertamente, y por tanto habrá que esperar a ver cómo se va pintando. Pero sin descuidarse, que tempus fugit.
¿Eh..?
