El testigo protegido reconoció, no obstante, que la unidad sí contaba con informaciones sobre la creación, miembros y celebración de reuniones de "alguno de los grupos" que posteriormente resultaron estar relacionados con las explosiones en los trenes de cercanías de Madrid.
En relación con los confidentes indicó, además, que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil no proporcionó a su sección informes sobre el acusado Rafa Zouhier ni comunicó que éste era colaborador suyo y había informado de la existencia de una red de tráfico de explosivos. La detención de Zouhier se produjo después de la de José Emilio Suárez Trashorras, que según considera acreditado la Fiscalía proporcionó a la célula terrorista islamista los explosivos utilizados en la masacre.
Durante la continuación del interrogatorio del testigo tras el receso de mediodía, volvieron a surgir preguntas relacionadas sobre la alerta de riesgo de atentados islamistas en España. El instructor jefe de las diligencias precisó que el aviso a la superioridad se realizó a través de una nota interna elaborada por la sección correspondiente y dirigida a su superior inmediato.
En un momento de la ronda de preguntas de las acusaciones, el presidente del Tribunal, Javier Gómez Bermúdez, instó al letrado que representa a la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M a retirar una de las cuestiones planteadas al inspector jefe, referente al testigo protegido "Cartagena". El presidente precisó que las preguntas realizadas por las acusaciones deben seguir la línea del escrito presentado por cada una de ellas antes del inicio del juicio y no sobrepasar o contradecir su teoría acusatoria.
Ante la sucesión de preguntas de esta acusación y otras sobre la banda terrorista y su posible participación en los atentados, Gómez Bermúdez, precisó que la forma de trabajar de los cuerpos policiales no son objeto de análisis, al igual que su organigrama interno.
MORATA DE TAJUÑA
El ex inspector respondió, además, a las preguntas de las defensas de los acusados, comenzando con la de Mohamed Larbi Ben Sellam, que intervino en primer lugar ya que fue la única que solicitó la presencia de este testigo en la vista. Estas inquieron sobre datos concretos relacionados con la inculpacion de sus defendidos
Así, el testigo reconoció que la finca de Morata de Tajuña donde se prepararon los explosivos que se utilizaron en los atentados estaba vinculada con personas relacionadas con células de origen islamista desde 2002. Antes de ser alquilada por Jamal Ahmidan, alias "El Chino" estuvo ocupada por Mustaphá "El Maimouni", preso en Marruecos por su relación con los atentados de Casablanca de 16 de mayo de 2003.
La UCIE tuvo conocimiento de que la finca había sido alquilado por Maimouni en septiembre de 2002. A finales de ese año, la célula liderada por éste en España comenzó a descomponerse a causa del incremento de la presión policial generada por los atentados del 11 de septiembre en Nueva York. Maimouni huyó y la finca quedó momentáneamente abandonada con lo que se cerraron las investigaciones iniciadas sobre la misma.
En cuanto a la figura concreta de Jamal Ahmidan, alias "El Chino", el testigo reconoció que era desconocida para la UCIE y para la investigación en general hasta la detención de Suárez Trashorras que informó sobre él y dió datos concretos sobre la finca de Morata de Tajuña. Precisó, además, que ningún agente de su sección acompañó al asturiano a la casa tras el arresto, el 18 de marzo de 2004.
"NO LEAN EL PERIÓDICO"
El presidente del tribunal intervino nuevamente durante el interrogatorio realizado por el abogado del acusado Jamal Zougam, José Luis Abascal, que preguntó al testigo por la manera de proceder de su unidad en la obtención de datos relacionados con la tarjeta telefónica localizada en una mochila aparecida en el distrito madrileño de Vallecas.
El inspector concretó que las gestiones en las distintas compañías telefónicas comenzaron inmediatamente después de los atentados, el día 12. La solicitud a las compañías se realizó con autorización judicial, explicó el miembro de la UCIE, que concretó que se les pidió que guardaran durante el tiempo que fuera necesario todos los datos relacionados con la citada tarjeta. "Nos interesaba que los datos persistieran", añadió.
Ante la continuación de preguntas de Abascal referentes a estas gestiones de investigación Gómez Bermúdez interrumpió al abogado y dijo: "Pido a los letrados que tengan el mínimo de decoro exigible en el estrado y que no lean el periódico".
El letrado preguntó además al testigo sobre su relación con el confidente y testigo protegido conocido como "Cartagena". El inspector jefe de la UCIE en el momento de los atentados reconoció que tenía constancia de que era colaborador de uno de los grupos que dependían de él y precisó que el tratamiento de "Cartagena" lo llevaban a cabo dos funcionarios. "Nunca se le pidió que llevara a cabo ningún tipo de actividad concreta", indicó.
El turno de preguntas de Abascal se cerró con otra reconvención del presidente del tribunal que se produjo después de que el abogado inquiriera por "la Unidad de Euskalerría en Irak". "No ha lugar por impertinente", dijo Gómez Bermúdez.
