De modo que, conocida por este periódico la sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia y confirmado el fallo que obligaría a la demolición de inmuebles con cientos de afectados que -dado que en su día compraron las viviendas convencidos de la legalidad de la operación- son inocentes, parece urgente alguna reflexión. Y además oportuna, porque si alguna vez estaría justificado el concepto de alarma social sería quizá ésta, lo que resulta tanto más lamentable cuanto que la provocaría una decisión de quienes en principio, y al poner las cosas -jurídicas- en su sitio, más debería contribuir al sosiego.
Los especialistas están ya, a estas horas, en el debate de si la sentencia es o no aplicable -en la medida en que puede ser como remedio peor que la enfermedad- y si existe o no la posibilidad de legalizar lo que ahora se confirma ilícito. Hipótesis que ofrece dudas, pero que sólo sería posible y no todos convienen en ello- en el caso de que se hiciese legalizable por el nuevo PXOM. Y, de ser así, se demostraría más el disparate que supone el retraso -causado por intereses políticos del PSOE, pese a las proclamas del señor presidente de la Xunta- del nuevo ordenamiento , sólo que ahora identificable en cientos de afectados.
En este punto quizá no esté de más otra observación sobre esa tesis numantina de don Emilio Pérez Touriño según la cual ninguna presión le hará "doblar el espinazo". Le faltó adjetivar como ilícita esa fuerza, porque hay presiones perfectamente legítimas, como la que él mismo y otros dicen haber hecho cerca del jefe del Gobierno central -por ejemplo- para lograr el AVE a Vigo. Y, en cualquier caso, le sobró la referencia a su espalda, porque si el arte de la política consiste precisamente en la flexibilidad, afirmar lo contrario equivale a una autocrítica que no suena cierta. Ni por el contexto ni por la costumbre:
(Eso aparte, es probable que en el discurso que se hace sobre esta cuestión falte una petición pública de perdón por parte del señor Blanco, que ayer precisamente estaba en Galicia. Y es que si el "número dos" del PSOE reclamó públicamente que lo hiciera el PP por el "caso Gondomar", habría de hacerlo también para con un correligionario y amigo que gobernaba la ciudad olívica cuando se inició el lío que ahora aparentemente culmina. No son ejemplos equiparables per se, pero sí se parecen en sus efectos: en ambos hay inocentes perjudicados. Y si hay que pedir perdón en uno, también en el otro, y si no, en ninguno.)
Dicho todo lo anterior, y respetando otras opiniones, resultaría procedente la petición de que se medite, antes de hacer algo que pudiera perjudicar aún más a lo que muchos llaman antes ciudadanía -la directamente afectada y el resto, porque a saber cuántos podrían serlo si aquellos reclaman, y con razón, daños y perjuicios de las arcas públicas- y que ahora ya ni se sabe. Porque, se mire como se mire, eso de derribar un total de seiscientas viviendas suena a lo que es: un auténtico dislate, lo diga -como la verdad- Agamenón o su porquero. ¿No...?
