El Pentágono reconoció ayer en un informe que el Ejército y el cuerpo de Marines ha llevado a cabo el reclutamiento de personas con delitos penales e historial policial debido principalmente al problema con que cuentan las fuerzas armadas estadounidenses para completar el cupo de personal, debido a la guerra en Irak y Afganistán.

Esta necesidad de efectivos militares ha llevado, según el Pentágono, a la puesta en marcha de una serie de dispensas que permiten a reclutas con cargos delictivos y discapacidades físicas e intelectuales acceder al rango de soldado, medidas que en otro momento no se autorizarían pero que ahora permiten eludir a los reclutas delitos de narcotráfico y otras faltas.

Según el Pentágono, la concesión de estas dispensas no es automática sino que un examen de los reclutas establece que los mismos han superado sus problemas anteriores de conducta y demuestran poseer un potencial físico y emocional suficiente. La cifra de dispensas concedidas alcanza a la cuarta parte de las tropas americanas.

Por otra parte, el alto mando militar estadounidense -entre ellos el que fuera comandante de la fuerzas aliadas en Irak, general Tommy Franks- preveía antes de la invasión de Irak en marzo de 2003 que en diciembre de 2006 únicamente permanecerían 5.000 efectivos norteamericanos en territorio iraquí, según informó ayer la organización privada de investigación Archivo Nacional de Seguridad a partir de documentos desclasificados.

En aplicación de la Ley de Libertad de Expresión estadounidense, el Archivo Nacional de Seguridad se hizo el mes pasado con unos documentos que reflejan que los planificadores de la invasión esperaban que tras la guerra Irak se convertiría en un país estable y democrático.

Asimismo, auditores estadounidenses encargados de vigilar los contratos firmados para proyectos de reconstrucción en Irak, cifraron ayer ante un Comité de Vigilancia Gubernamental en 7.600 millones de euros el dinero malgastadas en Irak. En este sentido, los tres auditores achacaron esta falta de control presupuestario a funcionarios del Departamento de Defensa, que han condonado créditos.