Tranquilo y "dispuesto a colaborar con la justicia para esclarecer el caso". Así se presentó ayer el alcalde de Gondomar, Carlos Silva Mariño, en su comparecencia pública tras la detención de sus concejales de Cultura y Urbanismo y Hacienda. El regidor respaldó el trabajo de sus compañeros en los últimos ocho años, pero dejó claro que los motivos de los arrestos no están relacionados con sus tareas en el gobierno. "Avalo la gestión de ambos; pero estamos hablando en todo caso de una cuestión de tipo personal", recalcó.
Silva pidió prudencia para proteger a las familias de los arrestados y respeto a la presunción de inocencia de José Luis Mosquera Veleiro y Alejandro Gómez Garrido, pero en ningún momento habló de confianza en ellos ni los defendió ante los delitos de los que se les acusa. "Cada uno responderá en su momento por sus hechos y responsabilidades", indicó acompañado de los demás miembros de su equipo de gobierno.
La detención de los dos ediles no traerá consigo por el momento decisiones respecto a la composición del gobierno ni sobre la elaboración de la lista electoral. Carlos Silva insistió en que la falta de información sobre lo sucedido le impide reflexionar al respecto. "Estamos a la espera de datos que nos permitan tomar decisiones", dijo.
Pese a carecer de informaciones sobre las motivaciones de la actuación policial, el alcalde de Gondomar insistió en desvincular los arrestos con el proceso al que él mismo y la comisión de gobierno se enfrentan tras la querella criminal de la Fiscalía por la supuesta concesión ilegal de 300 licencias bajo el marco de un Plan Xeral de Ordenación Municipal anulado. "El tema por el que fuimos imputados está en fase de investigación judicial, pero no está relacionado con esto", afirmó.
Independientes
Por su parte, los tres concejales independientes integrados en la nueva formación Move Gondomar solicitaron "cautela" en un comunicado. Este grupo escindido del PSOE indicó en que no hará política sobre esta cuestión, aunque sí solicitará la suspensión de la tramitación del nuevo Plan Xeral, aprobado hace tres semanas de forma inicial el pasado 26 de enero. "Todos tenemos la obligación de lavar el buen nombre de Gondomar y pedimos respeto para la vida privada de las personas encausadas y de sus familiares", concluyen.
