Tras la reunión semanal del Ejecutivo gallego, su presidente respondía así a la detención anoche de dos concejales del PP de Gondomar, la novia de uno de ellos y un arquitecto, en relación con un posible caso de corrupción urbanística.
Para el presidente gallego, las detenciones constituyen una muestra de que el Estado de Derecho "funciona y que las leyes están para cumplirlas".
Se trata de actuaciones de índole judicial, señaló y destacó la "relevancia política y la eficacia ejemplarizante" que tiene este caso, para que se sepa que la ley "hay que respetarla".
"No me sorprende" este caso, dijo el jefe del Ejecutivo gallego, porque "no se puede crear la semilla que se viene creando" en este municipio pontevedrés, "que es el modelo del todo vale".
En su opinión, "es difícil encontrar un caso más claro de insubordinación y confrontación contra la norma, los tribunales y las sentencias reiteradamente incumplidas, en desacato permanente" por parte del Ayuntamiento de Gondomar.
Así el presidente gallego citó que en noviembre de 2001 el Tribunal Superior de Justicia de Galicia anuló el plan general de Gondomar, lo que no fue acatado, y en 2005 el fallo fue confirmado por el Supremo.
"Lo peor de todo esto", afirmó el jefe del Ejecutivo gallego, es que el Ayuntamiento continuó dando licencias de construcción, por lo que la Consellería de Política Territorial en marzo del pasado año formuló un requerimiento para que las anulase, y en abril envió al Ministerio Fiscal las actas de concesión de los permisos.
"El problema es que en este país no puede valer todo", señaló Pérez Touriño, quien destacó la importancia de las normas urbanísticas que impulsa la Xunta, y que "entre todos nos pongamos manos a la obra para respetar", acatar la legalidad y "hacer las cosas como es debido".
"Creo que es una lección de la que espero que el Partido Popular, señaló, tome nota" y se "sume, apoye y se comprometa con las leyes de protección y ordenación del territorio" que está poniendo en marcha la Xunta.
El presidente consideró que el PP debería reflexionar sobre "lo que ocurre", para que deje de actuar "a la contra" y comience a apoyar un pacto por el territorio y por el cumplimiento de la ley.
"No estoy descalificando", dijo el presidente gallego, que indicó que lo que intenta decir es que "no se puede hacer esta guerra contra la legalidad" que, a su juicio, mantuvo el Ayuntamiento de Gondomar contra reiterados fallos judiciales.
Se trata, dijo, de buscar consensos para ordenar el territorio y frenar la degradación urbanística y las "fuentes de comportamientos que luego son perseguibles por vía judicial".
