Así que, preparado el anteproyecto de Ley de Ordenación del Territorio y Defensa del Litoral, y por fin remitido al Parlamento para su trámite por la vía de urgencia, quizá no esté de más un par de reflexiones. La primera para señalar que ya era hora y que, aunque cierto que nunca es tarde cuando la dicha llega, conviene que en lo sucesivo no se tomen tanto tiempo, en la Cotop, para despachar lo que tienen por fundamental. La segunda para, aplicando la anterior, solicitar una mayor celeridad en la nueva Lei do Solo, sin la que lo de ahora es apenas un remiendo.
En este punto, y ya puestos, acaso aceptasen en la Cotop otra sugerencia, de mayor calado y autoridad porque la firman agentes del sector que saben de qué va: la necesidad de corregir en la futura normativa del suelo los errores que se cometieron en la anterior. Y sustancialmente uno: la ausencia de diálogo con todas las partes interesadas y no las más lucidas; o sea, incluyendo aquellas que por su tamaño o teórica menor influencia social fueron ignoradas por la Xunta del PP. Una Xunta que dio prioridad a las grandes ciudades y a los colectivos de elite, como los llaman algunos.
Es verdad que, por el momento, el Departamento que regenta la señora Caride -dirigir lo dirige en persona el señor presidente- no se ha caracterizado ni por su talante ni por su disposición real al diálogo, pero como a veces la necesidad manda y aunque los tiempos electorales no son propicios quizá eso cambie y se puedan habilitar cauces de entendimiento. Que hacen falta: no parece sensato diseñar un futuro en esta materia en el que no participen, y si es posible colaboren, todos los que tienen algo que decir, sobre todo si además lo que digan es solvente.
En esa línea, conste, la Xunta tiene materia para empezar a pensar y a consultar. Se la ha proporcionado el Consello Económico y Social de Galicia en su informe que, si bien contiene opiniones -y, como quedó dicho, en ese terreno debe primar la del gobierno siempre que sea lógica, porque su legalidad se supone-, también incluye recomendaciones a la luz de la normativa vigente- Y como más vale un mal acuerdo que un buen pleito, haría bien el ejecutivo gallego en tomar nota y propiciarlo, incluso aunque para ello hayan de rebajar algunos su habitual arrogancia.
Dicho todo lo anterior para la Xunta, es preciso añadirle otro par de cosas para la oposición, porque el PP, con casi la mitad de la Cámara, debe ser tenido en cuenta. Sobre todo cuando, como prueba la estadística, ha firmado más proyectos por unanimidad en un año y medio que, probablemente, en dos legislaturas de la etapa anterior. Eso, que prueba actitud distinta a la que algunas veces se le imputa -o sea, que tiene poco de radical o de asilvestrada- no debe cambiar, al menos en asuntos de evidente interés colectivo como éste, por contaminación preelectoral.
Queda por saber hasta qué punto unos y otros serán capaces de hacer lo que en buena lógica deberían. El precedente próximo, que es el Estatuto, demuestra que a veces no dan la talla, pero ahora quién sabe...
¿Eh...?
