"Queremos cambiar el escenario", afirmó en rueda de prensa el presidente de Movimiento contra la Intolerancia, Esteban Ibarra, reclamando a todos los partidos políticos que respondan a esta problemática. A su juicio, las administraciones e instituciones se han limitado a debatir sobre si la situación es alarmante o no, mientras los propios datos del último informe del Defensor del Pueblo exigen ya una actuación concreta.

Las asociaciones contra el acoso escolar en Cataluña (ACAECAT), Castilla y León (ACAE CyL), Madrid (ACAEM), Andalucía (ACAEA), SOS Bullying, Movimiento contra la Intolerancia y el Instituto de Innovación Educativa y Desarrollo Directivo (IIEDDI) forman parte de esta red, abierta a todas las personas e instituciones implicadas en erradicar los problemas de convivencia en las aulas.

Entre sus propuestas está la evaluación de los alumnos y la situación de los centros escolares mediante cuestionarios, dos veces durante cada curso, así como entrevistas a profesores para evaluar la situación emocional individual de cada docente con la posibilidad de obtener una baja médica o un traslado profesional si fuera necesario. Además, abogan por sanciones rápidas a los acosadores, planes integrales de prevención y aulas específicas para la convivencia.

En esta línea, estas organizaciones sociales lamentan que la denuncia de una situación de maltrato de su hijo por parte de la familia ante los medios de comunicación suponga la "estigmatización" por parte de las administraciones al dar este paso que --a su juicio-- es un "derecho constitucional". También critican el síndrome de negación por parte de las instituciones de estas situaciones en las aulas, agregó el presidente de ACAECAT, Jordi Frauca.

CONTRARIOS A LA MEDIACIÓN.

Asimismo, defienden el derecho de las familias a proteger a su hijo incluso con una denuncia ante la Fiscalía de Menores o las autoridades policiales pero se muestran contrarios a la mediación porque, tal y como explicó el psicólogo Ferran Barri, de SOS Bullying, el acoso es una situación de "desigualdad" entre el agresor y el acosado, con lo que entienden que lo necesario es reeducar las actitudes de los acosadores y adecuar la Ley del Menor a los "tiempos actuales".

Tras reclamar la retirada de la venta del videojuego ´Canis, Canem, Edit´ por girar alrededor del acoso escolar, estos miembros de diversas organizaciones ciudadanas alertan de la "negación y pasividad" institucional ante el acoso y la violencia escolar, criticando que los niños acosados son las que tiene que cambiarse de colegio mientras los agresores continúan en los centros, en los que "buscarán otras víctimas" y en el futuro --advierten-- pueden ejercer violencia de género o acoso laboral.