Un millar de inmigrantes ilegales con cartas de identidad portuguesa falsificadas fueron explotados a nivel nacional por la organización desarticulada en Vigo, Andalucía, Asturias y Canarias por la Policía Nacional en el transcurso de la "Operación Riviere", cerrada ayer y que fue adelantada por FARO de VIGO el jueves.
El operativo se ha saldado por el momento con 24 detenidos, de los que 10 son intermediarios que buscaban trabajo en la construcción a los inmigrantes. Los demás son inmigrantes ilegales, víctimas de la red desmantelada que quedaron en libertad a la espera del expediente de expulsión.
El supuesto "cabecilla" del grupo sería el portugués Rogelio A.M., apresado en Málaga junto a su estrecho colaborador Vanderlei P.S. Rogelio A.M. residió en Vigo pero se marchó en enero del pasado año cuando agentes de la Comisaría descubrieron una de sus oficinas en la Travesía de Vigo y un piso alquilado a trabajadores ilegales.
Pese a su marcha, la organización mantuvo abierta en la ciudad olívica una oficina de contratación, a cuyo frente se sitúa a Joaquín P.S., un ciudadano portugués detenido el pasado 31 de enero en un piso de la Travesía de Vigo, y que como informó FARO fue enviado a la prisión de A Lama tras declarar en el juzgado de guardia y encontrarse abundante documentación en los registros de su vivienda y la empresa de contratación que regentaba. Se sospecha que era un estrecho colaborador del jefe del grupo y realizaba funciones de subcontratador de al menos unos 200 inmigrantes.
En Vilagarcía de Arousa se arrestó al brasileño José R.S. y se localizó otra oficina de subcontratación que estaba ubicada en el edificio León XIII.
La compleja operación policial comenzó en noviembre de 2005 en Canarias, al detectarse en un hostal de Las Palmas a un número considerable de brasileños con "permisos y permanencia de Portugal".
Empresas radicadas en Portugal trasladaban a los inmigrantes irregulares -principalmente brasileños aunque había también guineanos, angoleños y ucranianos- a España, donde a su vez eran subcontratos por otras mercantiles para realizar diferentes trabajos en el ramo de la construcción. Los inmigrantes, utilizados como mano de obra barata trabajaban en las ciudades de Vigo, Sevilla, Málaga, Oviedo, Segovia y Gran Canaria.
A todos ellos se les facilitaba una carta de identidad portuguesa falsificada, por la cual tenían que pagar entre 500 y 1.000 euros. Eran alojados en pisos cercanos a las obras, alquilados por los gerentes de las empresas que los realquilaban a grupos de entre cinco y 10 inmigrantes. Éstos corrían con los gastos y también abonaban la comida.
A los diez integrantes de la red, entre los que se encuentran los titulares, gerentes y responsables de las empresas intermediarias, se les imputan delitos de asociación ilícita, contra los derechos de los trabajadores y falsedad documental. El grupo usaba el mismo "modus operandi" de otro desarticulado esta semana también a escala nacional y, aunque actuaban de forma independiente, no se descarta algún tipo de conexión.
