El 20 de mayo de 2005 cambió la vida para las familias de los hermanos Francisco Javier y María Pilar Lago Goberna. Ese día, a las 19.30 horas, tuvieron que abandonar sus viviendas casi con lo puesto ante el peligro de derrumbe, constatado por un informe de los bomberos, a consecuencia de los daños provocados por las obras de construcción del segundo cinturón de Vigo. Entonces fueron realojados primero en un hotel y después en régimen de alquiler, unos gastos que afrontaron las empresas que ejecutaban los trabajos al reconocer en el contrato que "tienen derecho a ser realojados por el tiempo necesario que necesite la reparación de su vivienda y poder ser ocupada de nuevo".
Sin embargo, ambas familias se enfrentan a una orden de desahucio desde que la unión temporal de empresas (UTE) dejó de abonar el arrendamiento el pasado mayo. "Nosotros seguimos aquí pero el propietario no cobra desde hace meses", explica Francisco Javier Lago, "y sabemos que inició las acciones judiciales contra la empresa que decidió dejar de pagar el alquiler al considerar que las obras del segundo cinturón se habían ejecutado conforme al proyecto aprobado por Fomento, negando así su responsabilidad".
Los afectados no salen de su asombro ante una situación que califican de "insostenible". Francisco Javier Lago recuerda que "les dimos todas las posibilidades: tirar la casa y construir otra nueva en el sitio, darnos otras viviendas por la zona o indemnizarnos, pero nada, se pasan la pelota de Fomento a la UTE y de la UTE a Fomento y nosotros seguimos sin hogar sin que sepamos a quién podemos acudir o con quién podemos hablar".
Porque lo que está claro es que no podrán volver nunca a su casa, pues el informe encargado sobre su estructura determina como solución la demolición del inmueble frente a su refuerzo integral, ante los graves daños constatados a consecuencia de "alteraciones en el terreno coincidentes en el tiempo con las obras de ejecución y consolidación del talud correspondiente al segundo cinturón de circunvalación sobre el que se encuentra el inmueble afectado". Unas alteraciones que "han producido asientos apreciables en la totalidad de los elementos de cimentación del inmueble" y que, a su vez, provocaron "lesiones inadmisibles" en la vivienda.
"No sé si el culpable es la UTE o Fomento, pero lo que sí creo es que el Ministerio debería controlar a quien hace cargo de las obras y si provocan problemas, tratar de resolverlos", concluye Lago Goberna.
