El alcalde de Silleda, José Fernández Viéitez, se manifestaba en la misma línea que su homólogo lalinense y pide la presunción de inocencia para un empleado municipal con el que mantuvo notorias discrepancias y al que relegó laboralmente cuando accedió al sillón presidencial. En la junta de gobierno local celebrada ayer se acordó abrir diligencias informativas para esclarecer, en caso de existir delito, si se han utilizado medios para realizar la falsificación de documento público que el fiscal imputa a Manuel Vázquez Barcala, quien estaba de baja desde abril pasado. El gobierno trasdezano quiere recabar todos los datos posibles para determinar si la supuesta actuación delictiva se cometió mientras el funcionario estaba trabajando en el concello o si fue en su tiempo libre. Barcala es el encargado de tramitar las solicitudes del padrón local.
