Un año más, el Gobierno prepara sus presupuestos anuales -que no son ninguna maravilla de imaginación, pues aumenta la presión fiscal y suben los impuestos de alcohol y tabaco para financiar el agujero sanitario- y una vez más se dispone a "enjugar" el déficit acumulado de 3.849 millones de euros con cargo al superávit registrado en las cuentas de la Seguridad Social. Esta sutil jugada de "contabilidad creativa" la vienen repitiendo todos los gobiernos -de derechas, de izquierdas y mediopensionistas- para maquillar sus alegrías presupuestarias. Y si reflexionamos con sosiego, no podemos dejar de reconocer que es una manera de apropiarse de los recursos ajenos, que de ninguna forma está justificada en un Estado con capacidad tributaria como para que cada palo aguante su vela, que sería lo más justo, legítimo y democrático. Si las extravagancias presupuestarias de autonomías -6,91 millones de déficit en el presente ejercicio- y Estado son una parte importante a "enjugar" del presupuesto, sáquese al público emisión de deuda pública, habilítense los correspondientes descargos con imputación de costes en el ejercicio anual o increméntese los impuestos generales; pero lo que de ningún modo se puede hacer es autoconcederse un empréstito sin fecha de pago a cuenta de las cotizaciones sociales que corresponden a los trabajadores cotizantes a la Seguridad Social, entre cuyas funciones figura la de gestionar y proteger dicho patrimonio constituido para hacer frente a unas determinadas contingencias -jubilación, invalidez,
accidentes, viudedad y orfandad- y no para maquillar las cuentas públicas de gobiernos desaprensivos que hacen caridad a cuenta del bolsillo ajeno con vistas a obtener réditos electorales.
La Seguridad Social ha financiado desde el abultado paro de la época gonzalina -aquél osado que prometió 800.000 puestos de trabajo y terminó con tres millones en la cola del paro- hasta las prestaciones no contributivas -es decir graciables- que en aras de la "solidaridad" se les esquilmó a los trabajadores, que fueron por cierto el único sector "solidario" del país que contribuyó a moderar la penuria de sus compatriotas desfavorecidos. ¿Qué oiríamos si para financiar los déficits se recurriese a los fondos de pensiones de magistrados, abogados del Estado, magisterio, notariado y clases pasivas del Estado? Pues oiríamos protestas elevadas de tono y seguramente el Estado se vería obligado a hacer frente a las querellas que esos colectivos interpondrían en defensa de sus intereses. Con toda la razón, además. Aquí parece que únicamente el dinero de los asalariados es el que se puede utilizar libérrimamente cuando la ocasión lo requiera, sin que la propia Seguridad Social, que es un organismo autónomo y con capacidad propia para gestionar el patrimonio común de los trabajadores, diga absolutamente nada. Lo mismo se puede decir de sindicatos y de la opinión pública, cuyo silencio es clamoroso.
Y después nos vienen con la milonga de que el sistema público de Seguridad Social es "insostenible a medio plazo"; pues ya ven qué sostenibilidad tiene que lleva 30 años "sosteniendo" las cuentas de todo quisque y ahí sigue. No obstante, hay que terminar con la nociva costumbre apuntada porque es de justicia y razón darle a cada quien lo suyo. Y si hay que hacer "esfuerzos presupuestarios", hacerlos todos los sectores sociales y no únicamente los mismos de siempre: los trabajadores.
Miguel Gamallo Agulló
