En su intervención en la sesión de control al Gobierno en el Parlamento, en la que respondió al portavoz del BNG, Carlos Aymerich, acerca de las perspectivas del Ejecutivo para evitar la "marbellización" del litoral; Touriño recordó que la Xunta tiene la "obligación" de estudiar las modificaciones que los consistorios introduzcan en la ordenación vigente con la intención de "corregir los abusos" y, llegado el caso, paralizar aquellos que "incumplan la ley".

Así, se comprometió a erradicar de la costa gallega las actuaciones urbanísticas que "entrañen efectos perniciosos para el contorno paisajístico natural", aunque siempre con "plena voluntad de respetar la autonomía municipal".

Para ello, el titular autonómico anunció una batería de reformas para "salvar" el ecosistema del litoral y corregir las actuales bases para adaptarlas a la normativa europea. "Es necesario dotarnos de medios legislativos y de control para detectar prácticas lesivas en la costa", insistió.

En esta línea, aseguró que el Gobierno gallego "actuará contra prácticas abusivas sobre lo que debe ser el respeto territorial y sostenible", para lo que reclamó la "implicación de los ayuntamientos" y de la propia Cámara en un "gran pacto por el territorio" que funcione como el "escenario de desarrollo sostenible".

El presidente recordó que una de las "principales preocupaciones" del bipartito es propiciar "políticas territoriales de futuro que vertebren el país" y permitan un "crecimiento sostenible y equilibrado". "El modelo obsoleto de desarrollo urbano es una de las prácticas a erradicar desde la actuación política", abundó.

Para lograrlo, anunció la presentación de las directrices de ordenación del territorio y un plan integrado del litoral, actualmente en elaboración, con los que se pretende "extremar" la regulación normativa e impedir el deterioro de la costa gallega.

Entre las medidas de este paquete de propuestas, Touriño avanzó que sólo podrán obtener la clasificación de suelo urbanizable los terrenos que se incluyan en el modelo de desarrollo urbano de los ayuntamientos. Además, concretó también la puesta en marcha de una batería de actuaciones de recuperación integral de los espacios medioambientales degradados.

Con estos preceptos, la Xunta pretende favorecer la "racionalización" del crecimiento residencial, turístico y del resto de actividades en el litoral, promoviendo para ello el asentamiento en las zonas más apartadas de la costa, así como disminuir el volumen edificable y suavizar la tipología constructiva cerca de los arenales, con el propósito de integrar los inmuebles en el contorno.

Paralelamente, la Administración autonómica creará una Agencia de Protección de la Legalidad Urbanística para ejecutar la inspección, la restauración de la legalidad y proceder a sancionar, en los casos que sean objeto de multa, como complemento a las funciones del Servicio de Protección del Litoral existente.

Touriño consideró urgente acometer medidas de protección del "patrimonio de todos", después de "décadas" en las que el litoral gallego sufrió "un lamentable e intenso proceso de deterioro por múltiples causas", entre las que señaló el escaso control urbanístico, la ausencia de políticas de dirección territorial e, incluso, la dilación en el ejercicio "pleno" de las competencias de la Xunta.