La Comisión Europea está dispuesta a "modificar claves de reparto" de las cuotas pesqueras para así mitigar los efectos de la normativa de descartes, que a partir del próximo 1 de enero obligará a la flota a llevar todas las capturas a puerto. La idea es de "ajustar" cupos para que así alguna flota pueda capturar cierta cantidad de las especies para las que en la actualidad no tiene posibilidades de pesca. El gallego Ernesto Penas, director de Política y Coordinación de la DG Mare en Bruselas, explicó ayer en Vigo que son los Estados miembro los que tienen que llegar a acuerdos para plantear estos cambios, "ya que la Comisión no lo va a proponer".

Durante la última jornada de la conferencia internacional Marine Technologies (Martec), Penas indicó que este movimiento sería "compatible" con la estabilidad relativa, el principio que desde hace más de 30 años rige el reparto de cuotas en la Unión Europea. "La pelota está en el tejado de los países", argumentó, no sin antes reconocer que "no es fácil que pase" teniendo en cuenta la salida de Reino Unido y el "miedo" que hay en los Gobiernos europeos a perder posibilidades de pesca ante el incierto futuro del Brexit. Además, señaló que hay "especies intocables", como podría ser el bacalao.

Ante las quejas de la asociaciones de armadores de Marín (Opromar) y Vigo (ARVI, entre el público) sobre la ineficacia de las flexibilidades que incluye esta nueva política de descartes, Penas señaló que la Comisión opina que estas medidas "no se toman en serio" por parte de los países y señaló que en una auditoría realizada en los últimos meses descubrieron que ningún país está controlando la aplicación progresiva de la norma. "Hasta ahora ha habido comprensión, pero no puede durar eternamente". Por ello, indicó que, al igual que la Agencia Europea de Control de la Pesca (EFCA, en inglés), están valorando la posibilidad de extender la instalación de cámaras a bordo para llevar un mayor control. "La norma está ahí y no hay vuelta atrás", concretó.

Bajura

El subdirector general de Caladero Nacional y Aguas Comunitarias, Rafael Centenera, indicó en el congreso que España ya ha presentado "cuatro o cinco ejemplos" sobre cómo afectará la política de descartes a la bajura. Entre ellos, destacó los caso de la flota centolleira (formada por unas 500 embarcaciones) o la que captura congrio y lubina (225 barcos). En el primer caso concretó que "solo unas pocas especies" de entre sus capturas están en el sistema de cuotas y "solo representan el 9% en valor" de los "11 millones de euros en ventas" que factura la flota. En el segundo, la flota que faena con palangrillo consigue "unos 6 millones" con la venta de sus capturas y "menos del 20% son especies con TAC [Total Admisible de Capturas]".

Con estos casos, Centenera puntualizó que España no propone "cambiar la legislación", sino que "se buscan soluciones a problemas imposibles de resolver" a través de "una nueva interpretación" de la normativa. Pese a que celebró el envío de "casos concretos" porque "así se facilita la búsqueda de soluciones", Penas matizó que "no ha lugar a establecer ningún tipo de exención" en la norma y que "no es bueno dar falsas esperanzas al sector".

Por su parte, la conselleira do Mar, Rosa Quintana, clausuró el Martec apelando a la innovación para lograr una mayor flexibilidad en la norma e insistió que ésta "choca frontalmente" con el criterio de estabilidad relativa.