El Playa Pesmar Uno y sus 34 tripulantes -13 de ellos gallegos y uno vasco- no se librará de su retención en el puerto argentino hasta la semana que viene. El buque de Marín seguirá en Comodoro Rivadavia bajo la acusación de pesca ilegal hasta que se solucione la tramitación del expediente, algo que por parte de la defensa de la armadora Pesquerías Marinenses no se espera hasta, mínimo, el próximo miércoles. La dilación entre la negociación del acuerdo entre el país y la empresa se incrementa ahora con la celebración de los carnavales, que en Argentina paralizará a la Administración local este fin de semana y el lunes y martes de la que viene. Mientras, desde la armadora se muestran "dispuestos a pagar la sanción" para poder liberar el buque "cuanto antes" y que vuelva a trabajar, una vez explicado que todo se debió a un fallo de uno de los GPS del buque.

El abogado que se encarga de la defensa legal de la armadora, Alberto Penelas (de la viguesa Amya Abogados), explica que están "agilizando para intentar llegar al acuerdo" lo antes posible. Por el momento el expediente ha llegado a la capital del país, Buenos Aires, pero aún no saben qué va a pasar con la mercancía que el buque llevaba a bordo en el momento que fueron apresados. Tienen que demostrar que de las 320 toneladas la mayoría fueron capturadas en aguas internacionales, para así evitar el decomiso por parte de Argentina y tener que pagar para su liberación. Para eso es clave el uso de los datos del diario electrónico de a bordo (DEA) enviados a Madrid.

El arrastrero, apresado el pasado domingo por una patrullera de la Prefectura Naval Argentina, está amarrado en el puerto de la provincia de Chubut desde la tarde del lunes. Allí las autoridades verificaron el fallo del GPS, tal y como adelantó FARO ayer. Éste refleja "una variación en la longitud de unas décimas", que sin embargo fue "suficiente para que el barco marque una posición fuera de la ZEE [zona económica exclusiva] cuando realmente está dentro", explica Penelas.

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El presidente de la Cooperativa de Armadores de Vigo (ARVI), Javier Touza, indicó por su parte que con esta prueba se demostró que la acción del capitán "fue algo involuntario". El capitán del Playa Pesmar Uno -buque miembro de ARVI- creía de verdad "que estaba en aguas internacionales", como dijo desde un primer momento.

Touza comentó también que existe un "entendimiento claro" entre la armadora y las autoridades argentinas, motivo por el que se espera una sanción menor a la máxima prevista por la ley, que se situará entre los 244.00 y los 285.000 euros.