El arrastrero Playa Pesmar Uno salió el 11 de enero de Uruguay y se dirigió a Malvinas. Allí, en Stanley, la capital, hizo una parada antes de dirigirse a aguas internacionales. Con las islas tenía al menos hasta el año pasado una licencia de pesca, como algunos de los barcos que forman la flota de la armadora Pesquerías Marinenses, del Grupo Pesmar. Esta información pasaría totalmente desapercibida tras el apresamiento el domingo del pesquero en aguas argentinas si no fuese por el artículo 27 de la Ley de Pesca del país, que impide desde el 2008 a las compañías pesqueras faenar allí y hacer lo propio en aguas malvinas. De ahí que no sea solo un caso de posible pesca ilegal (si finalmente resulta cierto), sino que se da el caso de que el Grupo Pesmar tiene buques con licencias para pescar en las islas.
Azuzada por la sempiterna disputa entre Reino Unido y Argentina por el archipiélago, la normativa surgió bajo el mandato de Néstor Kirchner, que obligó a las empresas gallegas a elegir entre los dos caladeros amenazando con sanciones, incautación de las artes de pesca y capturas e incluso el decomiso del buque. Esto ya provocó que empresas como Pescapuerta, Pereira o Pescanova abandonasen el país sudamericano. En el último caso, la firma con sede en Chapela se vio obligada a deshacerse de la sociedad Lafonia, dedicada a la comercialización en España de las capturas procedentes de la armadora Polar, con las embarcaciones Sil y New Polar. Más tarde fue adquirida por Frigoríficos del Morrazo por un importe que no transcendió.
Desde el sector pesquero argentino trasladaban ayer a este periódico la posibilidad de que el arresto del Playa Pesmar Uno pueda "desatar un conflicto diplomático" porque la firma tiene barcos en Malvinas. De hecho el pasado mes el Gobierno de las islas multava a uno de ellos, el Playa de Galicia, por no informar con 72 horas de antelación para abandonar la zona de pesca y no entregar un reporte de fin de pesca.
Precedente
Uno de los precedentes más cercanos que tiene como referencia el Playa Pesmar Uno es el caso del Piscator, un barco gallego de la firma Pesqueras de Bon (de Bueu) que fue detenido por Argentina en 2013. En aquel caso la multa ascendió a unos 800.000 euros y estuvo retenido más de 20 días.
Como en esta ocasión, el buque tenía una buena carga de pescado a bordo (unas 250 toneladas) y su capitán negó los cargos y declaró que estaba faenando en aguas internacionales.
Fuentes de la industria pesquera gallega comentaban ayer que muchas armadores prefieren admitir su culpabilidad y pagar una multa antes que atravesar un proceso judicial que retrase todavía más la vuelta al trabajo del barco.
