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Los guardianes del tesoro del Índico

Unos 75 miembros de seguridad se encuentran embarcados en la veintena de atuneros españoles que se despliegan en las aguas del Índico bajo la permanente amenaza pirata

Cada uno de los atuneros en el Índico cuenta con entre tres y cuatro miembros de seguridad privada a bordo. // Sjoerd Hilckmann

La Operación Atalanta cumplirá su décimo aniversario el próximo 10 de noviembre. La urgencia por repeler la escalada de la piratería en el Índico aceleró la puesta en marcha de este operativo con el que una decena de buques militares ejercen de cortafuegos en unas aguas revueltas por la amenaza pirata. Este dispositivo de las fuerzas armadas convive prácticamente desde su inicio con el refuerzo de la seguridad privada a bordo de los pesqueros que faenan en estas aguas en busca de su tesoro más preciado: el atún.

Fue a mediados del año 2009, cuando el Gobierno se comprometió, tras la conmoción por el secuestro del Alakrana, que permaneció 47 días apresado por piratas somalíes, a subvencionar la mitad de los gastos en seguridad privada con los que acarrean las armadoras. Unas ayudas que pemanecerían hasta que, una vez olvidada la traumática experiencia, fueron retiradas.Pero la amenaza pirata sigue y las armadoras no bajan la guardia. Unos 75 miembros de seguridad privada se encuentran embarcados en buques españoles a razón de entre tres y cuatro por barco. Conviven con el resto de tripulantes a bordo, comparten los mismos turnos de embarque (de unos cuatro meses) y hasta llegarían a camuflarse entre la treintena de tripulantes de no ser por que sus uniformes, distintos a los del resto, les delata.

Alejados de escenas más épicas, es en el puente de mando y no en la popa donde desarrollan la mayor parte de su actividad. Y su herramienta de trabajo, el radar antes que el fusil de asalto. Es allí donde alternan su vigilancia del entorno a través de pantallas con periódicas salidas a la cubierta para realizar barridas con prismáticos que permitan detectar embarcaciones más ligeras, como las lanchas de fibra, que en ocasiones logran acercarse al buque sin que salten los radares. Cuando detectan alguna amenaza, dan voz de alerta a las autoridades y ponen en marcha su dispositivo para repeler el ataque, en donde el empleo de la fuerza es solo el último recursos.

En el caso de que el ataque se realice a unas horas del día con escasa luz, el grupo de seguridad activan un equipo de luz que llevan a bordo de la embarcación, que dirige un fuerte haz de luz hacia los atacantes para cegar a los atacantes. En el caso de que la medida no surta efecto y la amenaza siga en pie, es cuando se recurre a las armas de fuego a las que la legislación les otorga una función de disuasión antes que de defensa propia.

El incidente del atunero vasco Alakrana supuso un antes y un después. Fue a partir de entonces cuando, en paralelo a las ayudas temporales que se concedieron a las armadoras, se dio luz verde al uso de armas de repetición por parte de los equipos de seguridad privada en atuneros.

Repunte de la piratería

En los últimos años el epicentro de la piratería se ha ido desplazando hacia el archipiélago indonesio y la costa de Nigeria, pero en el último año los piratas han intensificado su presencia en las aguas del Golfo de Adén y de Somalia y han ampliado su radio de acción hasta llegar a atacar en aguas de las Seychelles.

"La amenaza de la piratería está siempre presente, pero en los últimos meses estamos detectando un cierto repunte", comenta Julio Morón, gerente de la Organización de Productores Asociados de Grandes Atuneros Congeladores (Opagac). Según los datos de la Oficina Marítimo Internacional (ICC-IMB) entre enero y septiembre de 2017 se contabilizaron cuatro ataques en aguas de Somalia y dos en el Golfo de Adén, cuando entre 2015 y 2016 solo se había registrado uno.

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