La pesca extractiva comunitaria encara para 2019 el año de la tormenta perfecta, del " big bang", como ilustra el presidente de la Asociación Europea de Organizaciones de Productores de Pesca (EAPO), Pim Visser. "Estamos extremadamente preocupados". Los retos son mayúsculos, y el sector gallego parte con la posición más comprometida de Europa: con el volumen más bajo de cuotas respecto a su capacidad pesquera, con el nivel más exiguo de rentabilidad y con el mayor grado de dependencia de aguas británicas (Gran Sol y Malvinas) de la zona euro. Porque en 2019 entrará en vigor el descarte cero y será el último año para el que Londres negocie la asignación anual de cupos. Y porque, de continuar como hasta ahora, los Totales Admisibles de Capturas (TAC) volverán a recortarse. Un panorama de "revolución total", describen en el sector, en el que hay más incertidumbres que certezas.

En la Cooperativa de Armadores de Vigo (Arvi) huyen del tremendismo, pero su director gerente, José Antonio Suárez-Llanos, admite la falta de información. De acuerdo a la Política Pesquera Común (PPC), cuando un buque suba a bordo especies para las que no tiene cuota podrá detraer esas capturas "de las especies principales, siempre que no superen el 9% de la cuota" de las mismas. Pero "no sabemos cuándo se cumple, no hay estudios sobre este tema", lamenta Suárez-Llanos. La flota gallega tiene, en este punto, dos problemas graves y -en apariencia- insalvables. El primero, que no tiene permisos de pesca para casi nada. España es el país con más capacidad de pesca (23% del total), pero con menos cupos (7%). En aguas como Gran Sol puede faenar gallo (rapante), merluza, rape y un poco de maruca. De granadero tiene 63 toneladas, de las más de 8.000 que se asignan al año en este caladero. O un 2% de las de cigala en la misma zona.

Y aquí viene el segundo problema: Gran Sol es un caladero multiespecífico. "Aquí no está resuelto, porque en esa red viene tanto pescado para el que tienes cuota como otras prohibidas. Tenemos que saber cuánto tiempo podemos faenar en cada zona", agregan en Arvi. Y hoy no se sabe. Los armadores de Vigo reclaman por este motivo un "periodo de flexibilidad" de dos años dada la "incertidumbre total" que reina a once meses de la entrada en vigor de la norma, fijada en el artículo 15 de la PPC. "El hecho de tener una empresa española y no de otro Estado, le va a ocasionar al empresario español una merma económica muy importante". Por eso ha crecido el exilio de barcos de Vigo a otros países (17 en una década), que sí tienen cuotas excedentarias y que no sufrirán un perjuicio tan grave como la flota gallega con el descarte cero.

"Los Estados Miembro no tienen prisa" para despejar las dudas que se ciernen sobre la aplicación de esta norma, o al menos no tanta como España. "Ellos tienen cuotas y a ellos no les perjudica la estabilidad relativa", clama Suárez-Llanos, una sistema de reparto de 1986 que erige a Dinamarca, Francia y Reino Unido como las grandes tenedoras de posibilidades de pesca en aguas comunitarias. "Esto es juntar una ley vieja con una nueva". En la AEOP no descartan llevar el descarte cero al Tribunal de Luxemburgo, al considerar que vulnera los preceptos del Tratado de Roma, por el que "debe haber una renta justa" para todos los pescadores. ¿Problema? Antes de emprender la vía judicial hay que iniciar la de la obligación del desembarque total, que nadie sabe a ciencia cierta cómo va a impactar en la flota de Gran Sol.

Un caladero que dejará de ser comunitario cuando se consume el Brexit, en marzo de 2019, si como asegura Theresa May no habrá periodo transitorio en materia de pesca. De cumplirse este precepto el reparto de TACs y cuotas que se apruebe en diciembre de este año solo será de aplicación durante tres meses, además de dejar en stand by el futuro de la flota de capital gallego en Malvinas. De este archipiélago llegan a Vigo al año 300.000 toneladas de producto, cifran los armadores. De nuevo, nadie ha aclarado cómo mantendrá el puerto olívico este estatus con el de Stanley.