El sector pesquero español recopilará los datos de los descartes que realice hasta finales de año para solucionar el problema que supone su adaptación a la obligación de desembarque -efectiva para todas las modalidades a partir de 2019-, pedir ante Bruselas más flexibilidad y demostrar que es preciso incrementar las posibilidades de pesca para "compensar" la escasez o ausencia de cuota para determinados recursos como las especies de estrangulamiento, que podrían obligar a los buques a amarrar.
Representantes de las cofradías aseguran que "es imposible" cumplir con los descartes en 2019 y que se pedirá a Bruselas la exención de minimis, que permite devolver al mar una pequeña cantidad de determinadas especies que, si se llevasen a puerto, podrían obligar a los buques a cesar su actividad al agotarse más rápido la cuota. Esto se debe a que incluso los ejemplares que no alcanzan la talla mínima "se descontarán" del cupo total para la especie, aunque no se pueden destinar para el consumo humano. Para compensar esto, Bruselas estableció el top-up, un aumento del Total Admisible de Capturas en aquellos recursos sobre los que se aplican los descartes (como la merluza) y que recoge la pesca accidental que antes se tiraba por la borda.
"Son cuotas de desmbarque, no de pesca", simplifica el presidente de la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores, Basilio Otero. La dificultad en la selectividad podría ser también una exención a la obligación de desembarque, de ahí la importancia de recopilar información sobre los descartes que demuestre cómo perjudican al sector.
