La Unión Europea da la razón a la flota española en el conflicto que mantenía con Francia sobre las cotizaciones de los marineros. El país vecino exigió hace ya dos años que las tripulaciones de los buques gallegos con bandera gala se afiliaran al sistema del país, lo que levantó las quejas del sector gallego, el más afectado por la medida. De esta forma, y tal y como acordaron ambas partes, los 530 tripulantes afectados -pertenecientes a 53 barcos- podrán seguir cotizando en su país de residencia y no en el país en el que está abanderado el barco. "Es una muy buena noticia porque en su momento supuso muchos problemas tanto para los armadores como para los marineros", explicó el gerente adjunto de la Cooperativa de Armadores de Vigo (ARVI), Hugo González.
En un escrito fechado el pasado 27 de noviembre, la Junta de Conciliación de la Comisión Europea resuelve la interpretación del Artículo 11(4) del Reglamento (CE) número 883/2004, que defendía tanto la flota como España. El origen del conflicto estaba en que Francia entendía que la situación es contraria a su propia legislación, "que consideraba que los contratos laborales deberían ser con empresas francesas y estar cubiertos por la Seguridad Social de Francia", como explica la Secretaría de Estado española en una publicación en la página web de su revista mensual.
La Junta de Conciliación argumenta en su nota del pasado mes que el reglamento "se aplicará cuando los marineros perciban su remuneración de una empresa o una persona cuyo domicilio social o centro de negocios se encuentre en el Estado miembro de residencia", por lo que "la legislación española es aplicable" en este caso.
De esta forma los marineros gallegos que trabajan en los buques abanderados en Francia estarán dados de alta en España, aunque el sector desconoce cuando se producirá, ya que todavía está pendiente una reunión con el Instituto Social de la Marina (ISM) para que les explique el caso.
Y es que como indica Hugo González, al menos la mitad de lo 530 tripulantes afectados -pertenecientes a buques de Vigo, Marín, A Coruña, Cedeira, Celeiro y Burela- se dieron de alta en el Établissement National des Invalides de la Marine (ENIM), el sistema galo, ya que desde Francia se amenazaba con sanciones (de entre 45.000 euros de multa y tres años de prisión) e incluso la paralización del buque. Además de provocar problemas a los marineros (reclamar una futura doble pensión o dudas con la asistencia médica), la medida ocasionó unos mayores gastos a las armadoras, de unos 900 euros mensuales. "Ahora pediremos que esas tripulaciones puedan volver a continuar sus carreras contributivas en España", matizó el gerente adjunto de ARVI, que también se pregunta qué va a pasar con los meses que han cotizado ya decenas de marineros en el país vecino.
El Gobierno francés decidió el pasado 15 de septiembre de 2015 que todos los marineros de otros estados miembros embarcados en buques con bandera gala deberían estar afiliados al ENIM, dando de plazo hasta el 15 de enero de 2016. FARO se hizo eco de la problemática hace justo dos años, un período en el que no fue posible llegar a un acuerdo entre los dos países pese a las varias reuniones celebradas, lo que llevó a elevar a la Junta de Conciliación de la Comisión Europea el conflicto.
