La flota del cerco gallega lleva años quejándose de la falta de cuotas. Bien sea de la caballa, jurel o anchoa, los armadores entienden que la actividad sufrió una fuerte caída tanto en las capturas como en beneficios. Es por este motivo que la Cooperativa de Armadores de Vigo (ARVI) ha decidido poner las cifras sobre la mesa para conocer los efectos del sistema de cupos de la Unión Europea sobre la flota. Así, un equipo de la facultad de Economía de la Universidad de Santiago está llevando a cabo un estudio sobre la viabilidad socioeconómica que verá la luz en las próximas semanas.
La iniciativa se engloba dentro del plan de producción de la Organización de Productores de Pesca Fresca del Puerto de Vigo (OPPF-4) 2014-2017 y busca "mejorar la rentabilidad económica" de la actividad. ARVI tiene 25 buques de cerco, la mayoría llegados desde Cesantes (en Redondela) y que faenan en el entorno de la ría de Vigo y Pontevedra durante la mayor parte del año, aunque los de mayor porte llegan a desplazarse hasta el Cantábrico. "Sin embargo es un estudio sobre todo el sector en Galicia", comenta el gerente de la cooperativa, José Antonio Suárez-Llanos.
La principal especie de la que depende la flota durante todo el año es el jurel, que está dividido en las dos zona delimitadas por el Consejo Internacional para la Exploración del Mar (ICES, por sus siglas en inglés): la IXa (de Fisterra al sur) y la VIIIc (de Fisterra al País Vasco). En el primer caso la Comisión Europea apuesta por una reducción de la cuota de un 24%, mientras que en el segundo estima aumentarla un 21%.
El caso de la anchoa es más peliagudo. Pese a que la biomasa (cantidad de peces) está en niveles históricos -según los científicos-, la flota de la IXa tiene un cuota que no llega ni al 2% del total, con lo que este año solo disponían de unas 56 toneladas. Precisamente para el próximo año la CE quiere que se reduzca un 43%, lo que supondría un golpe duro para una flota que en los últimos días captura la especie a un muy buen precio.
En el caso de la caballa, la cuota bajará también un 20% para el próximo año, como acordó la UE en el reparto con Noruega e Islas Feroe. A eso cabe añadir que la flota arrastra una sanción que supondrá al menos 5.544 toneladas menos el próximo año.
Con la situación de la sardina en stand-by hasta el encuentro de mañana entre España, Portugal y la Unión Europea -no está sujeta a cuota pero sí tiene un tope para preserva la especie, que esperan fijar entre 13.500 y 15.000 toneladas- el cerco encara un 2018 plagado de reducciones de las posibilidades de pesca en sus principales especies.
García Negro, al frente
La profesora María do Carme García Negro, experta en economía pesquera, está liderando el estudio. Miembro también del el Comité Asesor Científico Técnico (CACT) de los armadores, fue elegida por su habitual participación con ARVI. "Siempre damos prioridad a los miembros, se lo ofrecimos a María do Carme y a su equipo y aceptaron", explica Suárez-Llanos. Entre sus últimos trabajos figura las Táboas Input-Output Pesca-Conservas Galegas 2011, presentado el año pasado y que suponían una actualización de las de 1999.
