Expertos de la Universidad de Nueva York y de Victoria (Canadá) han llevado a cabo un estudio para demostrar como los transbordos de pescado en alta mar sirven para blanquear las capturas ilegales y también para ocultar la esclavitud a bordo, haciendo que ambas actividades sean indetectables para la justicia. De hecho, apelan a la unión internacional para que se prohiba esta dañina práctica, ya que en la actualidad de 17 organizaciones regionales de pesca (ORP), tan solo una ha establecido una moratoria sobre los transbordos. Uno de los puntos negros de esta práctica se lleva a cabo en la milla 201 argentina, donde se captura pota sin que las autoridades puedan hacer nada al respecto.
Los transbordos en alta mar son muy difíciles de detectar y se basan en el traslado de la carga de un buque pesquero a un reefer, un carguero refrigerador que llevará a puerto las capturas, haciendo casi imposible comprobar su procedencia y su legalidad. Por otro lado, la práctica propicia que este tipo de pesqueros regresen a puerto con la regularidad que lo hacen los demás, evitando que pasen los controles pertinentes, lo que favorece también que no cumplan con los derechos humanos de sus trabajadores.
La única ORP que ha declarado la prohibición de los transbordos en alta mar es la Organización de la Pesca del Atlántico Sudoriental (Seafo). Sin embargo, los investigadores aclaran que se llevó a cabo después de una moratoria provisional. "La decisión de añadir una prohibición permanente a las medidas de conservación y control de la Seafo se hizo debido al éxito percibido de la prohibición provisional", explican.
Esta podría ser una buena forma para poner freno a esta práctica paulatinamente. Sin embargo, los encargados del estudio (Christopher Ewell, Sarika Cullis-Suzuki, Mikaela Ediger, John Hocevar, Dana Miller y Jennifer Jacqueta) señalan que la estructura de gobernanza de las distintas OROP "constituyen un obstáculo para una prohibición completa" de los transbordos, debido a que cada una tiene una composición y una forma de sacar adelante los procedimientos diferente.
Por otro lado, recuerdan que los costes económicos para pesqueros de una moratoria sobre esta práctica también "plantean un desafío" para que haya acuerdo sobre la práctica.
"La cuestión de la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada [Indnr, o IUU en inglés] y los abusos a los derechos humanos en alta mar merecen una atención urgente", indican los investigadores del estudio, publicado en la revista Marine Policy y que cuenta con la colaboración de Greenpeace y Oceana.
