El subdirector general de Caladero Nacional, Aguas Comunitarias y Acuicultura, Rafael Centenera, aseguró ayer que el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente no cambiará el actual reparto de cuotas a menos que los tribunales determinen que así debe ser. Centenera, que asistió a la I Xornada sobre a Pesca do Cerco celebrada en la Facultade de Dereito de A Coruña organizada por la Asociación de Armadores de Cerco de Galicia (Acerga), se defendió de las críticas del sector sobre el sistema de asignación y afirmó que es consciente de que es preciso encontrar un nuevo equilibrio, pero que no puede deshacer la orden ministerial sin una justificación y motivación muy fuerte porque sería decir que sus compañeros "no fueron justos". "No tengo uno ni dos, tengo siete recursos encima de la mesa. Si el tribunal me dice que cambie el 0sistema, lo cambiaré", sentenció.
Centenera reconoció durante el acto que el sistema de reparto de cuotas tiene asociados varios "problemas", entre los que destacó su excesiva rigidez, la imposibilidad de traspasar las cuotas de los buques desguazados y la ausencia de permisividad para hacer transferencias definitivas de cupos en la flota de cerco. "La redistribución del 1 de octubre es tardía, el recurso puede haberse ido", aceptó. Esto hace referencia a la posibilidad de repartir de forma proporcional la cuota de una determinada modalidad que para esa fecha tenga una cantidad sobrante de cupo superior a la consumida desde octubre a diciembre en los tres años anteriores entre censos que puedan pescarla.
"Cuanto más, mejor"
El nuevo subdirector general del Caladero Nacional responsabilizó al sector de su gestión y le reprochó que "el cuanto más, mejor" en pesca no funciona en referencia a la velocidad a la que el cerco acabó su cuota de anchoa en aguas de la zona IXa gallega -de Fisterra hasta el sur de Galicia-. "Vosotros salís a pescar euros, tenéis que rentabilizar y esperar", indicó a los pescadores presentes en la Sala de Vistas de la facultad. Centenera aseguró que 14 buques terminaron el cupo en cuatro días a pesar de que no era el mejor momento para vender la anchoa a un precio óptimo, además de incidir en que sobrepasaron la cuota asignada para este año, que cifró en 200 toneladas (como publicó FARO) si se tienen en cuenta los remanentes del año pasado y los traspasos.
La conselleira do Mar, Rosa Quintana, compartió esta idea y recalcó en la clausura de la jornada -que llevó por título A incidencia do reparto de cotas no sector do cerco- que es precisa una mejora en la comercialización para incrementar la rentabilidad del producto. "Hay que hacer más pequeña la brecha que existe entre las descargas y la facturación", resaltó.
"La participación del sector en la elaboración de las normas es importantísima en España", aseguró Centenera en referencia a la ponencia del director del Ocean Program del Envirommental Law Institute de Whasington, Xiao Recio, que explicó que los foros de debate, la participación pública y la transparencia son los aspectos que comparten los sistemas de gestión exitosos.
El director de la jornada, el catedrático de Derecho Administrativo de la Universidade de A Coruña Jaime Rodríguez-Arana, explicó que el punto fundamental de la Política Pesquera Común es la sostenibilidad y que debe primar la equidad entre las cuestiones económicas, sociales y ambientales. "No es verdad que el reparto deba ponderarlas por igual", replicó Centenera. Rodríguez-Arana insistió en que la Administración "no tiene potestad" para hacer lo que quiera y debe buscar la proporcionalidad.
Quintana incidió en su discurso de clausura que tras el Brexit, España será el país que más dispondrá de las principales cuotas para el cerco, por delante de otras flotas como la irlandesa o la francesa. La conselleira aseguró que la salida de Reino Unido de la Unión Europea es la ocasión ideal para revisar el "mal llamado" principio de estabilidad relativa y obtener beneficios para Galicia.
Por su parte, el armador del Marín de Bueu, David Simes, participó en la mesa de trabajo sobre el reparto de cuotas y aseguró que se enfrentan a una situación dramática, una "muerte anunciada", en la que en vez de recurrir a la Administración para que los ayude, se ven en la obligación de enfrentarse a ella. "Hablamos de pequeñas empresas que explotan un recurso y todas deben poder acceder a él", recriminó.
