El plenario del Parlamento Europeo acaba de dar el visto bueno a la normativa que regula el procedimiento de autorización de los buques comunitarios que pescan fuera de la UE y que ampliará el sistema de licencias para incluir también acuerdos privados entre armadoras de los Estados miembro y terceros países. La normativa, que aumenta la burocracia para las armadoras, incluye la penalización de un año sin pescar si se ha cometido una falta grave los 12 meses previos a solicitar la licencia, algo que desde el sector entienden como una "doble penalización" que no debe salir adelante.
Ahora, el siguiente paso será pasar esta normativa a los trílogos (Consejo, Parlamento y Comisión Europea) para que intenten llegar a un acuerdo, aunque ya parece difícil que se de un paso atrás en este punto tras la votación de esta mañana en Estrasburgo.
"Estamos a punto de elevar los estándares en la gestión de la flota pesquera externa de la UE. Este reglamento es el más fundamental en el sistema de control de la UE, ya que decide quién puede pescar fuera de las aguas comunitarias, explicó Linnéa Engström, ponente de los Verdes, antes de una votación que se resolvió con 586 votos a favor, 56 en contra y 6 abstenciones.
Estas autorizaciones se basarán en un conjunto de criterios de admisibilidad comunes que el Estado miembro del pabellón debe controlar a fondo y vigilar al menos una vez al año. Esto es: información administrativa sobre el buque y el capitán; un número único de identificación del buque por la Organización Marítima Internacional (OMI) cuando la legislación de la Unión así lo exija; una licencia de pesca válida y la prueba de que el buque no figura en una lista de buques de pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR, o IUU en inglés) adoptada por una organización regional de ordenación pesquera o por la UE. En este último punto se incluye la enmienda adoptada y que preocupa el sector, según la que no se otorgará un permiso en el caso de que el capitán, así como el buque pesquero afectado, hayan sido "sancionados por una infracción grave durante los 12 meses anteriores a la solicitud de la autorización de pesca".
A esto se sumar la creación de un registro electrónico de autorizaciones de pesca de la UE público, que contiene datos sobre el número de la OMI, sobre la empresa y el beneficiario efectivo, el tipo de autorización y las posibilidades de pesca.
Oceana
Una de las primeras reacciones tras la aprobación del reglamento fue de la ONG Oceana. "Esta decisión envía un claro mensaje a otros países con flotas de larga distancia: la UE se adhiere a los estándares más elevados y esperamos que otros países hagan lo mismo", ha explicado María José Cornax, directora de campañas de Oceana en Europa.
Oceana recuerda que esta votación respalda la propuesta de la Comisión de Pesca del propio PE del pasado 5 de diciembre, de crear el primer registro público de actividades pesqueras con datos sobre la titularidad de sus beneficiarios. "Dar a conocer esta información reduce las posibilidades de blanqueo de dinero y evasión fiscal, contribuyendo así a la lucha contra la pesca ilegal", han indicado desde la ONG.
