Estrasburgo centra hoy la atención pesquera de la flota que opera en aguas lejos de la Unión Europea, buena parte de ella concentrada en Vigo o Marín. Allí el Parlamento Europeo (PE) votará un nuevo reglamento que busca dar una mayor transparencia a esta flota, algo que el sector defiende y ve comprensible. Sin embargo, entre las enmiendas existen apartados que los armadores no están dispuestos a asumir. Sobre todo, se refieren a la posible instauración de un sistema de "doble sanción", como definen desde Cepesca, que ocasionaría que un buque no pueda faenar durante un año en su caladero habitual si es condenado a una infracción grave.
El sector opina que si ya has sido sancionado por la normativa del Estado miembro en el que el barco está abanderado o del tercer país en el que faenas, "no tiene sentido" que también seas sancionado por la UE. "Esto implicaría dejar de pescar 12 meses, algo que para algún tipo de buque es inviable económicamente. Se ha hecho una ley para todos sin tener en cuenta la especificidad de la zona en la que pescan", comenta Iván López, presidente del Consejo Consultivo de la Flota Comunitaria de Larga Distancia (LDAC).
López, que opina que esto es "un ejemplo más de legislar desde un despacho de Bruselas" sin tener en cuenta la realidad pesquera, recuerda también que cada país tiene su propia normativa en materia de sanciones, por lo que si un barco español comente un falta y otro portugués o francés -por poner de ejemplo- hacen lo mismo, quizá su sanción sea diferente al no ser considerada como grave en una legislación y en la otra sí, con lo que tendrían un mayor castigo por parte de la UE con esa prohibición de pesca de 12 meses. "No hay coherencia en los controles", indica López. Lo mismo sucedería, informa, con las faltas en los países terceros.
Además, el presidente del LDAC recuerda que existen sanciones graves en la normativa española que se pueden deber a simples errores. "Si te equivocas, por ejemplo, en el etiquetado, podrías quedarte sin pescar porque en España eso es una sanción grave", comenta.
La base de esta normativa es que la flota que faena lejos de la UE cumpla con los mandamientos de la Política Pesquera Común (PPC). Para ello, se basan en la creación de la Fishing Authorisation Regulation (FAR), un reglamento que se parece a los Permisos Temporales de Pesca (PTP) que emplea España para estos barcos. "Es decir, España ya está vigilando mucho y cuánto más lo hace más va a penalizar a su flota", comenta Iván López.
El sector teme que con estos permisos de la UE se aumente la carga burocrática para poder hacerse con uno, además de que la información reclamada para este fin, que sería pública -como reclaman las ONG-, pondría en "riesgo" la privacidad de las empresas pesqueras.
Las ONG Oceana, PEW, EJF o WWF reclaman además que esto salga adelante para acabar con el "abanderamiento abusivo" y crear un base de datos pública con las autorizaciones de los barcos para pescar en otros países.
Futuro
El sector espera que la normativa, quede como quede, entre en vigor el próximo 1 de enero. Antes, la decisión adoptada por el Parlamento Europeo se trasladará a los trílogos -junto con el Consejo y la Comisión- para llegar a un acuerdo final. Si hay entendimiento entre las partes, de nuevo los plenarios del PE y del Consejo votarán la norma, aunque de no existir volverá a la Comisión.
