El sector pesquero vuelve a tener un importante frente abierto en las negociaciones que se llevan a cabo en el seno de la Administración comunitaria. Si este año será recordado -así lo dice la propia flota- por la prohibición al arrastre por debajo de los 800 metros de profundidad, la industria tiene ahora que luchar por los buques que faenan en terceros países. La Comisión de Pesca del Parlamento Europeo vota hoy un cambio en el reglamento con el que se quiere dotar de transparencia a las empresas armadoras y buques que operan fuera de la UE. Sin embargo, desde el sector alertan de un posible incremento de la carga burocrática y, sobre todo, de la amenaza de tener que revelar datos privados de las propias firmas.
Javier Garat, presidente de la patronal europea de armadores, Europêche, y secretario general de la Confederación Española de Pesca (Cepesca), explica que tanto la votación de hoy como la propia modificación del reglamento en sí "es un tema importante". "Estamos de acuerdo en que hace falta una mayor transparencia en general en toda la UE pero hay artículos que no nos gustan nada", resume el andaluz.
El sector busca que la UE copie el modelo español, con su sistema de doble comprobación en el que el tercer país emite una licencia y esta es presentada en la Secretaría General Pesca con toda la documentación; luego, la delegación de la embajada de España cerciora con ese tercer país que todo es correcto. "Con eso se consigue que se garantice que las licencias son buenas, para así evitar problemas de intermediarios engañando a los armadores", indica Garat.
Ahora, desde la Comisión Europea se han propuesto modificar el reglamento para conseguir un sistema más transparente y efectivo para garantizar así la veracidad de estas licencias.
Desde Europêche apuntan que la posición del Consejo "se debatió mucho y nos gusta más", pero que ahora es el turno del Parlamento Europeo "y no queremos que, por el clásico desconocimiento que tienen influenciados por las ONG, se adopte algo que nos perjudique". Uno de estos problemas que podría derivar de una mala decisión es un aumento de la carga burocrática, "ya que este tipo de procedimientos tienen que ser ágiles".
Por otro lado, existe otra discrepancia con la información que se pide que sea pública. "Queremos que se publique la indispensable pero tampoco algo que viole la privacidad de empresas y buques", apunta Garat.
Por último, existe una "problemática importante con el Artículo 5" , que establece como requisito lo que Garat la aplicación de "la doble sanción". Esto es, que si un barco ha sido sancionado en los 12 meses anteriores a pedir la licencia no tendrá derecho a conseguirla. "Creemos que hay que eliminarlo, si cualquier barco es sancionado ya tiene un procedimiento mediante el cual es sancionado. Ya se está garantizado que lo va a pagar. Esto sería una doble sanción y es desproporcionado. Sería discriminatorio, ya que además no se aplica al resto de barcos que pescan dentro de la UE", lamenta el secretario general de Cepesca.
"Queremos que haya modificación del reglamento, pero queremos que sea efectivo y a su vez que simplifique la normativa actual", sentencia Javier Garat.
