La Comisión Europea ha negado al sector pesquero una moratoria sobre el uso del nuevo certificado aduanero para fletar capturas y, por el momento, no ha aportado ninguna posible solución. La industria, que reclama volver a utilizar el documento conocido como T2M, sigue planteando que la nueva normativa comunitaria pone en riesgo la confidencialidad de las empresas pesqueras al verse obligadas a entregar el diario de a bordo (DEA) al completo, con todos los datos sobre la faena realizada por los buques. Ante esto, la Cooperativa de Armadores de Vigo (ARVI) ha vuelto a elevar una queja a la Secretaría General de Pesca y el Parlamento Europeo para evitar que se produzcan casos como la paralización de contenedores que tuvo lugar el pasado mes de mayo.

Tanto España como Alemania, Portugal y Países Bajos habían defendido en la reunión -el pasado 19 de septiembre- la creación de un nuevo documento que no obligase a entregar los DEA al completo. La propuesta, surgida de ARVI, no fue acogida finalmente por la Comisión Europea. En este sentido, desde la DG Taxud (aduanas) aseguraron que es algo inviable "técnicamente" al no poder "armonizar" los diferentes diarios de pesca que emplean las flotas europeas puedan disponer de un modelo concertado de acuerdo con los documentos propuestos en su día

Por su parte, desde la Cooperativa de Armadores viguesa creen que esta falta de armonización no es un problema del sector, por lo que la moratoria solicitada debería ser atendida para que no haya problemas.

Más presión

Así, la nueva documentación comunitaria, cuyo uso entró en vigor el pasado 1 de mayo, vuelve a estar en el punto de mira del sector. ARVI ha explicado que ya ha realizado contactos tanto con el Parlamento Europeo como con la Secretaría General de Pesca del Gobierno de España, con la idea de que realicen la mayor fuerza política posible para que tanto la DG Taxud como la DG Mare se pongan de acuerdo y elaboren unas orientaciones -o guidelines- en la Comisión que permitan establecer un nuevo documento que proteja la confidencialidad de las empresas.

De igual forma, han pedido a Europêche, la asociación de armadores comunitaria, para expandir una petición de apoyo a la causa entre sus socios, para que otros países se sumen a la petición que ya respaldan también Países Bajos, Alemania y Portugal.

La problemática, publicada en exclusiva por FARO antes de la entrada en vigor, llevó a que fueran retenidos 10 contenedores llenos de pescado en el puerto de Vigo, además de muchos problemas para los armadores que querían enviar sus capturas desde terceros países, ya que además del cambio propuesto sin el consenso del sector, no se alertó a los servicios aduaneros de los principales países de descarga de las capturas.