El Ministerio de Agricultura inició un expediente a varias personas físicas y jurídicas gallegas para "depurar responsabilidades" en la propiedad, gestión y explotación de los buques Viking y Seabull 22, implicados en actividades relacionadas con la pesca ilegal. El Gobierno comunicó ayer la decisión, enmarcada en la operación Sparrow 2, que se saldó con el registro de varias empresas en las provincias de A Coruña y Pontevedra en 2015.

"Durante estas inspecciones se obtuvieron más de 10.000 documentos que demuestran la existencia de un entramado empresarial, supuestamente dirigido a ocultar a las autoridades españolas la propiedad, gestión y explotación de los mencionados pesqueros", señaló el Ministerio.

Agricultura indicó que se prevén sanciones de entre 60.001 y 600.000 euros para los gestores de estos barcos, así como la inhabilitación para el ejercicio de actividades pesqueras, la pérdida de las licencias de pesca o la prohibición para obtener cualquier tipo de subvención o ayuda pública.

El Viking y el Seabull 22 fueron incluidos en el año 2010 en el listado comunitario de buques ilegales. El Gobierno de Indonesia destruyó el Viking a finales del pasado mes de febrero tras capturarlo bajo la acusación de pescar de forma ilegal en el Antártico.

La operación Sparrow 2 es una continuación de la Sparrow, que desembocó en sanciones por un valor superior a 16 millones de euros e inhabilitaciones de entre 5 y 23 años contra el supuesto entramado empresarial de la firma Vidal Armadores, con sede en Ribeira. La justicia los relaciona con otros buques piratas como Kunlun, Yongding, Tiantai y Shongua.