El Servicio de Inspección Pesquera de la Junta de Andalucía, en colaboración con la Guardia Civil, decomisó ayer en Mercamálaga 703 kilos de marisco y pescado inmaduro o que incumplía la normativa en cuanto a trazabilidad.
La actuación motivó el levantamiento de cinco actas, tres de ellas con infracción a transportistas, lo que según la normativa autonómica y estatal podría suponer sanciones de hasta 60.000 euros, según informó ayer la Junta en un comunicado.
Se intervinieron, en total, 495 kilos de chirlas, 80 de concha fina, 76 de coquinas, 25 de galeras, 12 de gallineta, 10 de chopitos y 5 de calamaritos.
El producto decomisado que no cumplía la normativa de trazabilidad fue inmediatamente destruido, mientras que el resto que era apto para el consumo fue donado a Bancosol.
La Junta recordó en la jornada de ayer que la captura, transporte y comercialización de inmaduros es una actividad ilegal y gravemente perjudicial para la sostenibilidad de los recursos marinos.
En cuanto a la falta de documentación y trazabilidad, señaló que impide disponer de toda la información del producto, con lo que no se garantiza el derecho de los consumidores a conocer qué es lo que compran y de dónde procede.
