El nivel de biomasa de la caballa (o xarda) atlántica en la zona IXa -de Fisterra al golfo de Cádiz- se encuentra en los niveles más altos de la serie histórica del Consejo Internacional para la Exploración del Mar (ICES o CIEM, por sus siglas en inglés), que comienza en 1992.

El último informe del organismo científico sobre esta especie, publicado el 14 de julio, estima en 621.563 toneladas el volumen de las poblaciones de xarda en este caladero, más del doble de las 300.000 toneladas existentes en 1992.

El documento también recomienda una subida del 6,9% en la cuota de esta especie para 2017, de 68.583 toneladas a 73.349.

Los datos del ICES muestran que el stock en esta zona se mantuvo relativamente estable, aunque en una progresión ascendente, hasta los últimos tres años, cuando se incrementó de forma intensa debido al "fuerte" reclutamiento (cantidad de recurso que ingresa a la población capturable) de los años 2011 y 2012.

El estudio también destaca que la especie se encuentra por encima del objetivo del Rendimiento Máximo Sostenible (RMS) en esta área y que la mortalidad de los ejemplares está por debajo de este límite -que marca el mínimo de biomasa necesaria para que la especie pueda reproducirse sin poner en peligro el stock-, por lo que su estado es óptimo.

Los científicos aconsejan, debido a estos datos, que las capturas en 2017 no superen las 73.349 toneladas, un aumento de casi 5.000 toneladas respecto al Total Admisible de Capturas (TAC) del año pasado.

La flota de cerco, en cambio, considera "escasa" esta subida. "Tenemos que abonar, desde 2011, dos multas por sobrepesca de xarda que pagaremos hasta 2023.

Este año nos costarán 7.000 toneladas, por lo que la subida de cuotas tendría que ser del 20% para tener un efecto real", asevera el presidente de la Asociación de Armadores de Cerco de Galicia (Acerga), José Blanco, que apuesta porque el Gobierno pague esas sanciones con cupos de otras especies que cada año quedan sin pescar. "Hay barcos de otras artes que dejan mucho pescado en el mar. Si la legislación comunitaria lo permite, ¿no debería España utilizar esas posibilidades de pesca para solucionar este problema?", se pregunta Blanco.