La flota española en aguas comunitarias representa más del 20% de la capacidad pesquera de la Unión Europea, pero solo tiene asignadas el 7% de las cuotas en virtud de un sistema de reparto que acaba de cumplir 30 años. A este perjuicio histórico se suma ahora el mandato de descargar todas las capturas (descartes cero o landing obligation), la columna vertebral de la nueva Política Pesquera Común (PPC). Para paliar sus consecuencias -nadie parece dispuesto a modificar el criterio de reparto- el sector ha planteado la necesidad de activar intercambios entre países, de modo que un Estado que no utilice sus permisos de pesca pueda arrendarlos a otro que sí los necesite. La Cooperativa de Armadores de Vigo (Arvi) ha arrancado de empresas holandesas el compromiso de ceder parte de sus cuotas a cambio de una contrapartida económica, pero que no se ha materializado aún ante la falta de respuesta del Ejecutivo central.
Según los datos oficiales de la Comisión Europea, desgranados por FARO en su edición del sábado, Holanda captura de media un 45,7% de las cuotas asignadas en aguas comunitarias. "Hay una subutilización de los permisos de pesca por su parte", constatan fuentes de la patronal de armadores, de ahí que estén "dispuestos" a ceder una parte. La operación fue trasladada hace semanas a la Secretaría General de Pesca, dependiente del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, que asegura que continúa estudiándola.
El reglamento comunitario prevé la posibilidad de que los Estados miembros puedan "intercambiar entre sí la totalidad o parte de las posibilidades de pesca que les hayan sido asignadas", aunque las cesiones también están permitidas entre organizaciones de productores (OPPs) y empresas. Eso sí, "siempre bajo la autorización de los Estados miembros". Esa autorización es la que urgen desde Arvi (una OPP) y las empresas holandesas para formalizar el acuerdo, que sería pionero en España.
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Lo que no ha trascendido son las toneladas de cuota de las que se podría beneficiar la flota gallega ni de qué especies, aunque previsiblemente se trata de permisos en aguas de Gran Sol y, podría tratarse de merluza, gallo (rapante), eglefino o lenguado. Además de rentabilidad económica, una mayor disponibilidad de cuota reduciría la presión de los barcos por la aplicación de los descartes cero. Gran Sol es un caladero mixto, con lo que es muy sencillo que en la misma red se cuelen especies para las que tiene autorización de pesca y de las que no. Para el segundo caso la obligación del desembarque es la misma, pero no puede beneficiarse de su captura y pierde la parte proporcional de las cuotas sí autorizadas.
El año pasado, por ejemplo, Holanda recibió la asignación de 32.848 toneladas de merluza en las áreas VIIIa, VIIIb, VIIId y VIIIe, que están situadas frente al Cantábrico y al oeste de Fisterra. Solo faenó 9.216 toneladas, un 28% del total. Le sobraron más toneladas que las que tiene asignadas la flota española, sobre todo gallega, en el caladero conocido como Gran Sol (17.452). El sector ha clamado desde 1986 contra el actual sistema de reparto sin que se hayan dado pasos para revertirlo, más allá de demandas impulsadas por organizaciones pesqueras también de Galicia. A Holanda le corresponden el 7% de las cuotas que reparte la UE cada año, las mismas que a España, pero con un tercio de su flota.
