La pesca de arrastre será prohibida por debajo de 800 metros en aguas comunitarias. La Comisión, Parlamento Europeo y Consejo (el trílogo) llegaron finalmente a un acuerdo en el último intento posible durante la reunión celebrada ayer y se espera que el veto entre en vigor el próximo 1 de enero. Con el sector en contra y con la presión de las organizaciones medioambientalistas, Bruselas cede y aprueba varias medidas técnicas que afectarán a la flota tanto de altura como de caladero nacional. Entre ellas destaca la congelación de la huella de arrastre (zonas en las que ya se pesca en la actualidad), una medida que ya proponían los propios armadores, y también un veto al arrastre por debajo de 400 metros en las áreas con entornos vulnerables.
Junto con estas prohibiciones entra en juego también la situación de los observadores. Con el acuerdo alcanzado la flota tendrá que llevar a bordo observadores científicos, uno de los puntos que bloqueó las negociaciones del trílogo durante el último encuentro celebrado el pasado día 14. En concreto, un 20% de los buques que hacen pesca dirigida en aguas de NEAFC tendrán que llevar observadores a bordo, mientras que los que no la hacen será del 10%.
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El comisario de Pesca, Karmenu Vella, explicó ayer que el acuerdo es "un compromiso equilibrado que proteje a nuestros fondos marinos y los stocks de los peces de aguas profundas". La eurodiputada encargada del informe, la francesa Isabelle Thomas (que visitó Vigo en febrero), indicó por su parte que "contrariamente a las afirmaciones hechas por los profetas de la fatalidad, hemos logrado un equilibrio entre el esfuerzo pesquero y la ecología".
La noticia, ya esperada por parte del sector involucrado en las negociaciones a nivel europeo, fue tomada con una mezcla de preocupación y alivio por parte de los armadores. Preocupación porque la decisión "sienta un peligroso precedente" para la extensión de la norma en el futuro, tanto a aguas internacionales como a alturas de 600 o 400 metros. Y alivio porque finalmente no se extenderá la prohibición a aguas no comunitarias -afectaría a los buques que pescan en aguas del Atlántico norte- y también porque por fin acabaron las negociaciones y las presiones de las ONG como la francesa Bloom, fundada por Claire Nouvian, que ayer en un comunicado cargaba contra la flota española y también contra la propia Thomas. En sus declaraciones tachaba a la industria de "lobby" y de "intentar torpedear" el acuerdo de la mano de la eurodiputada, de la que dicen que de haber sido otra ponente "la reforma podría haber sido mucho más ambiciosa".
Iván López, miembro de Europêche y del consejo de la Cooperativa de Armadores de Vigo (ARVI), volvió a incidir que la decisión carece de "fondo científico" -como constató el IEO en unas conferencias internacionales celebradas este mes en Vigo- y le recordó a Nouvian que "hay otras flotas que hacen arrastre" y que "no ha sido una batalla de España".
Mercedes Rodríguez, gerente de la OP-Lugo, recordó también que además de los buques que faenan en el Atlántico norte también están afectados los arrastreros de litoral. "Hay una zona frente Asturias en la que no se faena en la actualidad pero que sería una opción para ello. Allí se haría por debajo de 1.000 metros y ahora ya no se podrá explotar nunca", explicó.
