El sector ya lo había avisado y finalmente se ha producido. El nuevo certificado puesto en marcha por Bruselas para verificar la no manipulación de las descargas realizadas por la flota antes de enviarlas a sus respectivos países ya ha causado los primeros problemas a los armadores vigueses. Tras la negativa de las autoridades aduaneras comunitarias de ampliar el plazo para adaptarse a esta nueva normativa, el pasado 1 de mayo entró en vigor este significativo cambio que podría, en casos extremos, llegar a dejar las capturas en los puertos de descarga. Por el momento, los armadores ya se han encontrado con las reticencias por parte de algunos de países, que a regañadientes aceptan la copia del diario electrónico de a bordo (DEA) que sustituye al anterior formulario, el T2M.

Estas quejas han sido recogidas por la Cooperativa de Armadores de Vigo (ARVI), que en una noticia publicada en FARO a finales de marzo ya alertaba de esta posible situación. En concreto, señalan que existe "preocupación" entre sus asociados ante la ausencia de explicación por parte de Bruselas a los principales países en los que descarga la flota. En este sentido, uno de los problemas más recurrentes es que solicitan el DEA completo, que incluye, entre otras cosas, los caladeros en los que el buque ha realizado las capturas, lo que está creando problemas porque supone un atentado contra el derecho de confidencialidad de estas empresas.

Desde el sector se quejan sobre todo por haber realizado una norma de tal importancia para la flota sin haber consultado antes con ellos, obviando de esta forma el principio de buena gobernanza que debería primar a nivel comunitario. Además, una vez superado el 1 de mayo, fecha impuesta para la implantación definitiva de este cambio en la normativa, los armadores denuncian que sigue habiendo "flecos" pendientes que podrían provocar problemas mayores.

En este sentido, desde la revista Pesca Internacional se apunta que la sustitución del T2M por el DEA entraña un peligro nada deseable para la Unión Europea. Y es que entienden que el nuevo documento es "menos exigente" que el anterior, por lo que puede suponer "un coladero de pesca ilegal no declarada y no reglamentada (INDNR)". Para intentar frenar esto, explican que el sector ha solicitado que el documento incluya la firma del capitán del barco para certificar que la pesca que se envía a Europa corresponde con las capturas hechas con su embarcación.

Además, en la publicación recuerdan que el DEA todavía no está adaptado para servir como certificado. En concreto, creen que es necesario que imprima por separado las declaraciones de transbordos parciales, además del pesco de la mercancía.

De esta forma, tan solo dos semanas después de que entrara en vigor la norma, desde ARVI muestran su preocupación, sobre todo ante la falta de información a los países terceros. "Todo lo que es nuevo, si no se está encima, puede causar graves problemas", recuerdan los armadores.