La Comisión Europea (CE) "obvia" y "oculta" la realidad que rodea a los más cien buques de palangre de superficie gallegos que sufren la normativa que impide cercenar a bordo las aletas de tiburón, según denuncia el sector. La norma, creada para evitar el finning -cortarlas y tirar el cuerpo al mar-, se aplicó en julio de 2013 y desde entonces los armadores han peleado para borrarla del mapa por los gastos y la desventaja que les supone frente al resto de flotas del mundo. Por ese motivo, el informe publicado por la CE el viernes de la semana pasada era "muy esperado" por el sector, que una vez pudo leerlo comprobó que albergaba errores de consideración y verdades a medias.
Por este motivo la Cooperativa de Armadores de Vigo (ARVI) ha enviado un duro documento a Madrid para que sus observaciones sean trasladadas a Bruselas. En él resumen que el informe les ha causado "sorpresa, decepción" por la "escasez de contenido y bajo o nulo nivel técnico". En este sentido, citan que, pese a que desde España se enviaron unos completos y estructurados datos de la pesquería de tiburón en 2013 y 2014, el informe de la CE contiene errores importantes. Y es que en uno de los cuadros indica que nuestro países desembarcó 14.962 toneladas de tintorera (Prionace glauca) el año en que se aplicó la norma, "cuando la cifra real de ese año supera las 67.000 toneladas". "Otro tanto sucede con las cifras referentes al marrajo dientuso", concreta ARVI, que entienden que desde la Comisión se intenta "minimizar el impacto e importancia de la medida".
Los armadores se quejan también de que "se obvien" los informes económicos enviados por el sector afectado, con lo que "oculta de modo expreso datos de máxima importancia" para el Consejo y el Parlamento Europeo. De igual forma, desde ARVI indican que se celebra la adopción de la medida por parte de la Comisión de Pesquerías del Atlántico Nordeste (Neafc, en inglés), que según Edelmiro Ulloa, secretario técnico de la cooperativa, "es como si Groenlandia prohibiera el toreo, no tiene efecto".
Por otra parte, señalan que el informe de la CE no analiza las políticas aplicadas por otros países (como Nueva Zelanda) y "contempla de modo pasivo el impacto" de la norma en la flota afectada, ya que genera 33.000 euros de gastos a mayores por barco y marea. Por esto, entienden que las afirmaciones "no pueden arrojar más que preocupación y desconfianza" en el sector.
