La adhesión de España a la antigua Comunidad Económica Europea (CEE) cumplió en enero 30 años, que supuso el comienzo de la pérdida de capacidad para la flota gallega en virtud del principio de estabilidad relativa. En aquel momento a los buques gallegos apenas le correspondía el 7% del total de derechos de pesca de la CEE pese a tener más de un cuarto de la capacidad pesquera. Desde entonces, España vio reducida su flota en un 60% pese a las continuas reclamaciones como la que ahora está promoviendo la Xunta.
Este criterio para el reparto de cuotas, aprobado tres años ante de la entrada de España en la CEE, se ha mantenido invariable hasta la fecha, por lo que el sector entiende que ha llegado el momento del cambio. En este período muchos han sido los cambios que ha sufrido la reglamentación, siendo el último de ellos uno que agrava todavía más este criterio de reparto: la norma que obliga a desembarca en tierra todas las capturas realizadas, un achaque más para la flota.
