El Gobierno retiene en el puerto de Vigo a los buques pesqueros Antony y Northern Warrior, detenidos por presentar documentación de abanderamiento falsa durante su acceso a puerto en el marco de la operación Banderas. El Ministerio de Agricultura informó ayer de que tiene pruebas que vinculan a ambos pesqueros con las empresas gallegas que fueron registradas en julio de 2015 durante la operación Sparrow 2 contra la pesca ilegal, así como con otros buques implicados en actividades ilícitas.

Los inspectores constataron que se trata de embarcaciones actualmente en situación "apátrida", y alertaron de la posible comisión de varias infracciones graves y muy graves en materia de pesca marítima, como por ejemplo que ambos barcos utilizaron su documentación falsa para obtener licencias de pesca en 2015. El Ministerio fijó por ello fianzas superiores al millón de euros que deberán ser abonadas para que los pesqueros puedan abandonar el puerto, e inició los procedimientos sancionadores, que pueden suponer multas de hasta 600.000 euros.

La organización ecologista Oceana vincula al Northern Warrior con la pesca ilegal de tiburón en el océano Pacífico, y sostiene que el buque ya permaneció atracado en el puerto de Vigo entre 2011 y 2012.

La operación Sparrow 2 fue una continuación de la Sparrow, que en marzo de 2015 llevó a registros en Ribeira, Boiro y A Coruña contra el entramado empresarial de la empresa coruñesa Vidal Armadores, vinculada a la pesca ilegal de especies protegidas en el Antártico. El Gobierno indicó en su día que Sparrow 2 extendió las investigaciones a empresas de A Coruña, Pontevedra y Ourense, aunque no trascendió si las firmas implicadas en esta segunda parte también están relacionadas con los Vidal.

Los casos que vinculan a Vidal Armadores con la pesca ilegal se sucedieron durante el último año. El más reciente fue la operación Yuyus, que la semana pasada llevó al arresto de seis miembros de la empresa radicada en Ribeira. El capitán jefe de la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (Ucoma) del Seprona, José Manuel Vivar, y el coordinador de Seguridad Ambiental de la Interpol, Deon Burger, dieron ayer una rueda de prensa en Madrid para explicar esta última operación en la que participaron "más de quince países". Los investigadores calculan que los buques de la firma radicada en Ribeira capturaron ilícitamente más de 3.500 toneladas de merluza negra y obtuvieron un beneficio de más de 10 millones de euros por temporada.

La Guardia Civil tiene constancia de que el grupo delinque desde 2005 y tiene indicios de que pueden dedicarse a la pesca ilícita de merluza negra -de alto valor económico y conocida como "oro blanco" por el color de su carne- desde 2002 o incluso antes. Burger describió a Vidal Armadores como un modelo empresarial de "delincuencia organizada transnacional".

La operación Yuyus culminó con seis personas detenidas, entre ellas el líder del grupo, Antonio Vidal Suárez, y sus tres hijos. La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela decretó prisión eludible bajo fianza de 100.000 euros para cada uno de los acusados, que se encuentran actualmente en libertad tras pagarla. El tribunal les acusa de delitos contra el medio ambiente, integración en organización criminal, blanqueo y falsedad documental. La Guardia Civil investiga a otras 16 personas y ya ha realizado cinco registros en diferentes sedes empresariales y domicilios, además de incautar dinero y otros bienes de distinta naturaleza.