La Federación de Cofradías se opone a que Mar pueda intervenir los pósitos

Es una medida ya legislada con el fin de reconducir a las entidades en problemas

06.02.2016 | 02:35

La Federación de Cofradías de Pontevedra muestra su rechazo frontal a la posibilidad de que la Xunta pueda intervenir los pósitos, ya sea porque atraviesan problemas internos -sobre todo financieros- o porque lo reclaman sus propias asambleas por cualquier otro motivo.

De este modo abundan en lo denunciado ayer, en el sentido de que esa capacidad de intervención es algo que ya se pretendía con la Lei de Acuicultura actualmente paralizada, siendo ésta una de las causas que provocó un rechazo generalizado a la misma. Pero resulta que el sector dice haberse enterado ahora de que la posibilidad de intervención administrativa ya aparece regulada en la Ley 13/2015, de 24 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas, presentada como ley de acompañamiento a los presupuestos y publicada en el DOG de 31 de diciembre.

Los pósitos dicen estar sorprendidos y muestran su "malestar, descontento y desconfianza con la Administración autonómica, alegando que "esta modificación de ley busca un amparo legal para que en el futuro las cofradías que sean intervenidas, con mayor o menor motivo, puedan ser liquidadas y desaparecer".

Mientras en Mar insisten en que no se trata de finiquitar a ningún pósito, sino de ayudar a aquellos que se encuentren en dificultades -y hay sobrados ejemplos-, la Federación de Cofradías resalta que "la intervención administrativa como salida u opción para salvar una cofradía no es necesaria ni conveniente, ya que no solventa los problemas de fondo de una entidad".

Hay que recordar, no obstante, que la ley que critica la Federación contempla la posible intervención administrativa de una cofradía en el supuesto de que se observen faltas graves en la gestión económica que puedan poner en peligro su existencia.

Asimismo previamente se concedería un plazo de quince días a la cofradía afectada y a la Federación Gallega para que presenten alegaciones. La intervención practicada no podrá superar los doce meses, y si después se mantuvieran los problemas no es que el pósito vaya a desaparecer, sino que se convocarían elecciones.

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