El abogado de una de las asociaciones, el vilagarciano Miguel Piñeiro, realizó una pormenorizada explicación de las cuestiones técnicas que incluye la ley y en la que, a su entender, se perjudica claramente a los bateeiros. Para empezar, Piñeiro habló de la escasa necesidad de diseñar una ley cuando la que se encuentra en vigor es de 2009, es decir, "todavía no se ha desarrollado todo el marco jurídico de la misma". A partir de ahí, desmenuzó cuestiones de la nueva ley anunciada, como la falta de reglamentación o la excesiva complejidad administrativa que encierra y que obligaría a los bateeiros "a estar más pendientes de los trámites burocráticos que de sus parques de cultivo". Para Piñeiro, el espíritu del anteproyecto es muy claro: " a alguien le molesta que la acuicultura esté regulada como está ahora, ya que se abre la puerta a la entrada de multinacionales, algo muy peligroso, ya que si se concentran todas las autorizaciones en pocas manos, corremos el riesgo de que desaparezca todo si estas deciden marcharse después".
