Francia acepta negociar con España sobre la cotización de la flota gallega con bandera gala

La fecha límite del 15 de enero para que los tripulantes pasasen a la Seguridad Social francesa queda anulada - Las sanciones oscilaban entre 45.000 euros de multa y tres años de prisión

19.12.2015 | 03:50

Los armadores y tripulantes de los 50 buques españoles abanderados en Francia respiran tranquilos. La fecha impuesta por el país vecino para que los marineros pasasen a cotizar en el Établissement National des Invalides de la Marine (ENIM) -el equivalente al Instituto Social de la Marina (ISM)- ya no tiene validez. El país galo ha decidido aceptar las reclamaciones de España y se sentará a negociar esta polémica medida de un inspector de trabajo de Bayonne (Francia) que los armadores denunciaron preocupados.

Ayer, en torno a las doce de la mañana, una llamada del ISM alertó a los armadores implicados en esta problemática -publicada por FARO- de que finalmente los franceses habían recapacitado y se sentarían a negociar a poco más de un mes de la fecha límite.

Ahora, los armadores esperan que todo de un vuelco y vuelva a ser la situación de antes, basándose en un reglamento europeo que respalda su posición frente a las peticiones galas. En total son unos 500 tripulantes afectados en 50 buques, 18 de ellos pertenecientes a los puertos de Marín y Vigo.

Sanciones

Según pudo saber este periódico, esta semana un miembro del Ministerio francés de Trabajo, Empleo, Formación Profesional y Diálogo Social, G. Frontin, respondió a una carta del sector en la que reclamaban información y una posición por escrito clara sobre las reclamaciones galas a los pesqueros españoles.

En la misiva, Frontin recordó que el incumplimiento de la fecha límite sería considerado como un "delito de trabajo encubierto", que estaría penado por sanciones que van de los 45.000 euros de multa hasta 3 años de prisión.

En el escrito, el francés explica que en los sucesivos controles realizados en el puerto de Bayonne desde 2013 han localizado "procedimientos ilegales" en la contratación de marineros portugueses y españoles en barcos con bandera gala. Si bien los armadores españoles defienden que sus tripulaciones están todas correctamente controladas y con contratos legales, G. Frontin expone en la carta que estos son fraudulentos.

Sobre el artículo 11.4 del Reglamento comunitario 883/2004, que reconoce que un marinero que trabajada en uno de estos buques y que cobra de una empresa en su país de origen debe cotizar en este último si allí reside, Frontin indica incomprensiblemente para el sector que esta norma no es aplicable en este caso.

Ahora, con la anulación de la fecha límite, los armadores tendrán que esperar para tomar una decisión, si bien la intención de varios era la de cambiar a la Seguridad Social francesa ante las presiones que estaban recibiendo.

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