Los nuevos marineros contratados en los buques gallegos abanderados en Francia ya cotizan en el Établissement National des Invalides de la Marine (ENIM), el equivalente galo al Instituto Social de la Marina (ISM), tal y como reclama el país vecino. Los armadores se están impacientando por la falta de defensa de su causa y algunos ya se han plegado a las exigencias francesas, pese a que el sector denuncia que es una obligación que contraviene el derecho comunitario. Tal es la dimensión que ha alcanzado la problemática, adelantada por FARO el martes, que ya ha llegado a Bruselas en forma de pregunta parlamentaria.
Los 53 buques (18 de ellos de Marín y Vigo) y 500 tripulantes afectados por la medida adoptada "unilateralmente" por Francia ha sido denunciada ante la Unión Europea por la portavoz del BNG en la capital comunitaria, Ana Miranda. En el escrito se pregunta a la Comisión si están al tanto de la decisión gala y si tienen previsto "analizar la situación obligando a Francia a respetar el Reglamento comunitario aplicable".
Y es que el sector opina que está respaldado por la normativa europea (en el artículo 11.4 del Reglamento comunitario 883/2004), que indica que un marinero que trabaja en un buque abanderado en un estado miembro pero que cobra de otro país en el que además reside debe cotizar en este último.
Sin embargo, ante la fecha límite impuesta por Francia (el 15 de enero) para dar de alta a todos los marineros que trabajan en estos buques, los armadores y los marineros se empiezan a impacientar. La amenaza de una posible paralización de los barcos en el puerto si no se cumplen sus peticiones ha calado y los recién llegados a estas tripulaciones ya están cotizando en el ENIM. "No son muchos, pero se ve que los armadores están nerviosos", señalan fuentes del sector, que apuntan que las dos próximas semanas serán "críticas" para encontrar una solución.
En el escrito enviado a Bruselas, Miranda señala también que los trabajadores verían rotas "sus carreras de seguro en España" y "sufrirían una pérdida de ingresos en el momento de la jubilación, problemas de asistencia sanitaria de sus familias y consecuencias en sus coeficientes reductores de su jubilación, por tener normativas diferentes entre Estados miembros".
Por otro lado, las mismas fuentes del sector señalaron que, al parecer, todo comenzó con un inspector de trabajo de Bayonne, pero no descartan que se extienda a otros puertos del país. "Parece que hay una campaña para descubrir a trabajadores desplazados. Hay otros que sí hacen las cosas mal. No hacen discriminación y arrastra a los que sí lo estamos haciendo bien", apuntan.
Ahora están solicitando una demora en el plazo impuesto que expira en menos de un mes para intentar encontrar una solución a este problema, del que ya están advertidos tanto el Ministerio de Empleo y Seguridad Social como el Instituto Social de la Marina.
