La Comisión Europea propuso ayer un nuevo sistema de autorizaciones con el objetivo de combatir la pesca ilegal y mejorar la supervisión, tanto de las embarcaciones comunitarias que operen en aguas de terceros países o en alta mar, como de los buques internacionales que desarrollen su actividad en aguas de la Unión Europea.
La nueva legislación no les permitirá la pesca en terceros países o en alta mar si no han obtenido de manera previa una autorización del Estado miembro del pabellón. Cada embarcación tendrá que demostrar que cumple con una serie de criterios que la UE considera esenciales, como que posee un número válido de licencias de la Organización Marítima Internacional y que no ha sido declarada culpable de alguna infracción.
El ponente encargado de este dictamen es el español Gabriel Sarro, consejero del Comité Económico y Social Europeo, que contará con el asesoramiento como experto del secretario de la Confederación Española de Pesca, Javier Garat, que explicó que la intención de la CE es que se utilice el sistema español de validación de licencias privadas. Este método pasa por comprobar que todos los trámites para obtener una licencia con terceros países se hacen de forma "correcta", esperando a que el dinero pagado sea recibido por el tesoro del país en cuestión, con el objetivo de evitar "fraudes".
