El gobierno de Asturias ha ganado en la Audiencia Nacional la batalla jurídica contra el Gobierno por la orden que establecía el reparto de cuotas para la pesca de caballa (xarda) y jurel de 2014, que recurrieron al entender que perjudicaba los intereses de los pescadores asturianos.
El Principado estima así que el daño económico producido por el Estado al sector es de más de dos millones por campaña, por lo que instará a los profesionales a que reclamen indemnizaciones al Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente por los dos años en que se han visto perjudicados por las limitaciones de capturas.
La de ayer es la tercera sentencia favorable a los intereses asturianos y todas por el mismo motivo: errores administrativos. Y es que el Ministerio se saltó un trámite obligatorio, como es la petición del preceptivo dictamen al Consejo de Estado, lo que le valió la anulación del plan de 2013. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha aceptado, además, el recurso del Principado contra la resolución de 2015, que distribuye la pesquería en las mismas condiciones y sanciona a los pescadores asturianos por un presunto exceso de un reparto ahora declarado nulo.
Recursos
El ministerio recurrió todas las sentencias ante el Tribunal Supremo, que todavía tiene que resolver. "Este nuevo varapalo jurídico evidencia el empecinamiento del Ministerio en un reparto carente de las mínimas garantías, llevado a cabo por una administración que demuestra una alarmante falta de rigor", comentaron ayer los responsables de la Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales. Dimas García, presidente de la Federación regional de Cofradías de Asturias, por su parte, considera "muy frustrante" ver cómo se ganan "las batallas" en los tribunales sin tener claro que se vaya "a ganar la guerra". "Esperamos que se acabe imponiendo la Justicia", dijo.
Según la Consejería, la "contumacia" del Ministerio se reiteró el pasado 30 de noviembre cuando publicó en el BOE una orden que establece el plan de gestión del caladero para el próximo año y que vuelve a perjudicar a la flota asturiana y contra el que el Principado presentó alegaciones que no fueron tenidas en cuenta. El Gobierno regional solicitó por ello el contenido de los informes del Instituto Español de Oceanografía y del Consejo de Estado para su análisis.
Reacciones en Galicia
Las reacciones a la sentencia en el cerco gallego, cuyas reclamaciones son muy similares a las del Gobierno asturiano, no se hicieron esperar: "Aquí se ve que cuando un gobierno tiene interés en apoyar a un sector se pueden hacer cosas", declaró el portavoz de la Asociación de Armadores de Cerco de Galicia (Acerga). La agrupación ya había explicado esta semana que sus demandas están apoyadas por el 51% de la flota del Cantábrico, sobre todo en Asturias y Cantabria.
