El subsecretario general de Control e Inspección de la Secretaría General de Pesca, Héctor Villa, reconoció que es "difícil" que la norma comunitaria que prohibe el cercenamiento de aletas a bordo en los palangreros sea extensible a otros países como anhela conseguir el sector en la próxima reunión de la Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico.
Conxemar reclamó ayer al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y a la Agencia Europea de Control de la Pesca (EFCA) que se acorten lo máximo posible los trámites a la hora de verificar los productos pesqueros importados desde terceros países. El presidente de la feria, José Luis Freire, estuvo presente en una mesa redonda sobre el Reglamento de la Unión Europea para atajar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, y aprovechó su turno de palabra para quejarse de las dilaciones del Gobierno para corroborar la procedencia lícita de los cargamentos, que ocasionan a las empresas "importantes gastos".
Las organizaciones sin ánimo de lucro Environmental Justice Foundation (EJF), WWF, Oceana y The Pew Charitable Trusts programaron una charla sobre la pesca ilegal en la segunda jornada de Conxemar. Para la ocasión, acudió el subsecretario general de Control e Inspección de la Secretaría General de Pesca, Héctor Villa, que hizo un breve repaso sobre las operaciones Sparrow y Sparrow II (centradas en armadoras en Galicia con barcos furtivos en el Antártico) y sobre el análisis de las importaciones que llegan a España. Villa recordó que el Gobierno tramita más de 40.000 expedientes de verificación y para ello señalan como elementos de vital importancia los medios destinados (en cuanto a recursos humanos y presupuesto) y el equipo de inteligencia multidisciplinar (con investigadores pesqueros) destinado al análisis de estas importaciones.
José Luis Freire, durante su intervención una vez finalizadas las exposiciones, recordó que los retrasos que se producen durante los procesos de verificación generan "gastos" a las empresas importadoras, por lo que solicitó a los miembros de la EFCA y del Magrama que se acortasen los trámites, que pasarían por la creación "de una ventanilla única". Héctor Villa, por su parte, apuntó que el plazo máximo de verificación de las mercancías es de 14 días -que se podría extender a otros 14- pero que, sin embargo, la mayoría de los trámites "se autorizan en cuestión de horas", algo que dudaron los miembros del sector presentes en la charla.
Freire también aprovechó la coyuntura para señalar que las empresas pesqueras pequeñas o medianas son más "ejemplarizantes" a la hora de realizar buenas prácticas que las multinacionales.
Descartes
Por su parte, la sueca Karin Hermansson, jefa de la Unidad de Capacity Building de la EFCA,explicó la forma de trabajar de la agencia y habló sobre los descartes. La obligación de desembarques ha generado un "estado de caos" entre los pescadores con un reglamento en el que "puede haber interpretaciones diferentes" debido a las ambigüedades ya denunciadas por parte del sector.
Según Hermansson, la EFCA presta ayuda y coordina los controles de los países de la UE. Para ello, indicó que los buques intercambian datos "todos los días" para mejorar la forma de trabajar en aguas comunitarias. Añadió, por otro lado, que intentan "corregir" sus actuaciones para que las labores de inspección sean equitativas entre los Estados miembro.
