El Parlamento gallego aprobó ayer una proposición del PP gallego -apoyada por el PSdeG, con la abstención de AGE y voto en contra del BNG- que pide a la Xunta que inste al Estado a eximir a la flota de bajura de portar un botiquín de tipo C, debido a su tamaño y elevado coste, para sustituirlo por un modelo más pequeño y "acorde" con las necesidades de la flota y sus "disponibilidades económicas", tal y como reclamaron numerosos patrones mayores y representantes de la flota de bajura en los últimos meses.

La defensa de esta iniciativa por parte del diputado popular José Manuel Balseiro provocó las críticas de la oposición, que acusó a los populares de tener en un plazo de 10 meses "tres posiciones distintas" sobre este asunto, en lo que ve un signo de "incongruencia". El diputado José Ramón Val (PSdeG), recordó que el PP votó a favor en septiembre de 2014 de una iniciativa del BNG para reclamar que los barcos que faenen a 12 millas de la costa no lleven botiquín. Después los populares rechazaron una iniciativa de AGE sobre esta cuestión para ahora "demandar exactamente lo mismo" que pedía la oposición "hace un año".

La Comisión de Pesca sirvió también para que el PP gallego rechazase apoyar una proposición no de ley del BNG para demandar a la Xunta que modifique la actual política de inversión de fondos europeos e impedir así el aumento de los desguaces de pesqueros.

En este sentido, Daniel Rodas (BNG) denunció que en los últimos seis años se han autorizado 171 despieces de barcos con un gasto de 90 millones de euros. Sobre este extremo, llama la atención sobre "el desmantelamiento" en la zona de A Mariña lucense, con una docena de armadores que han decidido abandonar la actividad en los últimos tiempos.

Mientras, la comparecencia del secretario xeral do Mar, Juan Carlos Maneiro, sirvió para comprobar que el Ejecutivo gallego no se plantea solicitar un cambio en el modelo de gestión y de reparto de las posibilidades de pesca de las especies pelágicas, como el jurel y la caballa. El portavoz de la Xunta consideró que el modelo vigente es el "más adecuado que fue posible negociar" y se refirió a la necesidad de tener en cuenta que en la mesa negociadora "pesaron tanto los intereses y los argumentos del sector gallego como del asturiano, cántabro y vasco".

Val, por su parte, denunció en la comisión la "enorme presión" a la que se ven sometidos los barcos de cerco por parte de los cuerpos que tienen competencias de inspección en el ámbito pesquero, a lo que Maneiro contestó: "Me desagrada profundamente que se cuestione la labor de los cuerpos de inspección marítima".