En respuesta a una pregunta de la diputada Olaia Fernández Dávila (BNG) sobre los problemas de las conserveras debido a las importaciones de países terceros, que en muchos casos entran exentas del pago de aranceles, el Gobierno anunció que "defenderá los intereses" de su industria de conservas pesqueras, como las de atún, en las negociaciones de acuerdos de libre comercio entre la Unión Europea (UE) y los países del sudeste de Asia.
El Ejecutivo "ha transmitido y transmitirá" a la Comisión Europea (CE) la importancia que "reviste" este sector para España, "primer productor comunitario de transformados de productos de la pesca", según aseguró en la respuesta.
En el texto, el Gobierno se refirió de una manera específica a Filipinas y señaló que si se probara que no cumple los requisitos para evitar la pesca ilegal, la CE actuaría "en consecuencia". En ese sentido, aludió a la regulación comunitaria, por la cual hace poco la CE amenazó a Tailandia con vetar sus importaciones si no combate prácticas ilícitas en la extracción y comercio de pesca.
