La operación Vipe, que se antoja el acrónimo de Vidal y Pérez y es como se ha bautizado la intervención policial y judicial desarrollada en la cofradía de pescadores de Cabo de Cruz (Boiro), zanjada con cuatro detenidos, ha servido para encontrar en el pósito arousano "numerosas irregularidades contables", según la Guardia Civil.

Carmelo Vidal y Ermitas Pérez, expatrón mayor y expresidenta de la mariscadoras boirenses, además de exvicepatrona, detenidos junto a la secretaria del cabildo y el gerente de una asesoría de A Pobra do Caramiñal, pasan hoy a disposición judicial en Ribeira para responder de los presuntos delitos de "fraude, cohecho, apropiación indebida, malversación de caudales públicos, estafa continuada y un delito continuado de falsificación de documento público".

Y no solo eso, sino que Carmelo Vidal tendrá que responder por un presunto delito de tenencia ilícita de armas, después de que en los registros practicados se encontrara una pistola que aparentemente le pertenece; estaba en su domicilio.

Será ante la Justicia donde Vidal y Ermitas Pérez tengan que aclarar asuntos como la existencia de "facturas justificativas de pagos no realizados, movimientos de cuentas sin justificar, servicios que no se llegaron a efectuar, facturas aumentadas y repostajes en sus vehículos particulares con cargo a las cuentas de la cofradía", todo ello detectado por la Guardia Civil en la investigación iniciada el verano pasado y culminada ahora.

Las mismas pesquisas, por cierto, en las que se alude a la "imposición de normas internas con el fin de acopiar marisco en cantidades superiores a los cupos permitidos para justificar demasías que repercutían directamente en beneficio de los imputados".

Es decir, que según el criterio de la Guardia Civil Carmelo Vidal y Ermitas Pérez podrían haber utilizado la cofradía para enriquecerse y beneficiarse a ellos mismos o a sus allegados. Eso es lo que tendrán que aclarar ante la Justicia después de que se efectuaran los registros en domicilios y empresas de Boiro y A Pobra do Caramiñal ligados tanto a los detenidos como a la cofradía de pescadores. Unos registros en los que se intervino "numerosa documentación relacionada con la investigación, facturación, libros de cuentas y los discos duros de varios ordenadores", según reconocen los responsables de la operación.