El sector pesquero y acuícola se muestra enormemente preocupado por lo que interpreta como "inacción" de la comisaria comunitaria de Pesca, María Damanaki, ante las consecuencias del embargo comercial establecido por Rusia para los productos agroalimentarios comunitarios y, entre ellos, los de la pesca y la acuicultura. Tal malestar se concreta una carta firmada por cinco organizaciones sectoriales, como Europeche, la patronal comunitaria de los armadores, que preside el español Javier Garat, la Asociación Europea de Organizaciones de Productores pesqueros (AEPO), la de las cooperativas agrarias y pesqueras (Copa Cogeca) y las federaciones europeas de acuicultura (FEAP) y maricultura (AEMP) con destino a la propia comisaria Damanaki, así como a los comisión de Pesca del Parlamento Europeo y a los representantes de los diversos países de la UE. Además, la misiva será remitida también al nuevo presidente de la Comisión Europea, Jean Claude Juncker.

Según Garat, entre el sector es evidente la molestia que está causando el silencio de Damanaki al respecto de este embargo comercial y más aún si se compara con el protagonismo y la rápida respuesta ofrecida ante el mismo asunto por el comisario europeo de Agricultura, Dacian Ciolos, que de inmediato cogió la batuta en busca de soluciones, alternativas y ayudas al sector afectado que palien las consecuencias del cierre del mercado ruso, como precios de retirada o ayudas para el almacenamiento de producción afectada. "Frente a eso, la comisaria de Pesca no ha dicho nada, como si el sector pesquero no estuviera afectado", señalaba ayer Garat, quien también aseguraba que en la carta se reclama a la CE la constitución de un grupo especial de trabajo con la DG Mare (Dirección General de Mar de la UE) y los servicios de la CE en colaboración con el sector para estudiar y "garantizar la estabilidad del sector pesquero y acuícola comunitario" tras el veto ruso, identificar nuevos mercados y hasta revisar el papel de Rusia en organizaciones regionales como NAFO y NEAFC, que gestionan las pesquerías del Atlántico norte o que la CE acepte aumentar el índice de reserva de cuota de determinadas especies para el ejercicio siguiente, ante el actual cierre del mercado ruso. En definitiva, se exige a Damanaki y la CE que "reaccionen con urgencia" ante la situación causada por el veto ruso y se arbitren, de verse necesarias, medidas de emergencia para un sector que solo en 2013 realizó exportaciones a Rusia por valor de 153,8 millones de euros.

"Lo que se exige es que la CE evalúe con el sector las consecuencias actuales del veto sobre la pesca y la acuicultura de la UE y, en su caso, estudie medidas compensatorias similares a las previstas para otros sectores, y también las consecuencias de cara al futuro". En este último caso se trataría de conocer y tratar de paliar los efectos de la previsible mayor entrada al mercado comunitario de productos pesqueros y acuicolas de países no comunitarios también vetados por Rusia, como es el caso de Noruega.

El sector pesquero español, gallego en su mayor parte, ya padece desde abril de 2013 su propio veto a la exportación al mercado ruso, basado en razones sanitarias y ahora ve alejarse la posibilidad de recuperar tal mercado, al que se dirigía la mayor parte de las capturas de marujito de la flota del Atlántico Suroccidental, en su práctica totalidad viguesa.