Filipinas y Papúa Nueva Guinea, dos países con creciente producción pesquera y cuyas grandes perspectivas de aumento de su industria atunera preocupan a la industria comunitaria -mayoritariamente española y gallega-, se enfrentan a la posible prohibición de sus exportaciones pesqueras a la Unión Europea de no acreditar en los próximos meses que adoptan medidas para combatir la pesca ilegal no declarada y no documentada. Tal es la consecuencia de la decisión, comunicada ayer por la Comisión Europea, de mostrar "tarjeta amarilla" a ambos países, lo que equivale a que "corren el riesgo de ser identificados como países no cooperadores" en la lucha contra la pesca ilegal, al "no estar haciendo lo suficiente" para combatir esas prácticas.
La amenaza se acompaña de un plazo de seis meses para corregir las deficiencias detectadas en los diversos estudios realizados por Bruselas en los últimos tiempos. Transcurrido ese plazo y de no confirmarse correcciones los dos países correrían la misma suerte que la decidida hace poco más de dos meses para Camboya, Belice o Guinea Conakry, que recibieron de Bruselas la "tarjeta roja" que les impide introducir sus productos pesqueros en el mercado comunitario.
La Comisión Europea argumentó ayer su amenaza sobre Papúa Nueva Guinea y Filipinas en la ausencia de un sistema de sanciones para prevenir las pesca ilegal, no declarada o no documentada y la falta de medidas para resolver las deficiencias en el control, la supervisión y la vigilancia de la actividad pesquera.
La CE propuso, en paralelo, un plan de acción para cada país, al objeto de resolver las deficiencias detectadas. Bruselas dejó claro que aunque de momento no va a adoptar sanciones comerciales sobre las importaciones de los productos pesqueros de esos países, sí podría hacerlo si la situación no mejora.
La comisaria europea de Pesca, Maria Damanaki, señaló ayer que la Unión Europea no puede ignorar las actividades de pesca ilegal en esa región teniendo en cuenta que la mitad del atún del Pacífico occidental se exporta a la UE. Por ello, urgió a los dos países a combatir una práctica que pone en riesgo el sustento de los pescadores y recordó que, en última instancia, la sostenibilidad de las pesquerías en Pacífico significa sostenibilidad en Europa. La CE considera que los dos países incumplen las obligaciones que establece la normativa internacional.
Bruselas precisó que su decisión es el resultado de un "análisis profundo", que sigue un periodo largo de debates informales y que tiene en cuenta "el nivel de desarrollo de cada país". Además, indicó que en adelante tendrá lugar un procedimiento formal de diálogo con estos países para resolver los temas identificados y poner en práctica los planes necesarios de acción.
La "tarjeta amarilla" a Papúa y Filipinas fue recibida ayer con enorme satisfacción por parte de la industria atunera y conservera española y comunitaria (Anfaco y Euroatún). El portavoz de ambas organizaciones empresariales, Juan Manuel Veites, señaló que la decisión de ayer de la UE "es lo que perseguíamos desde hace tiempo".
No en vano, conserveros y atuneros de la UE -donde España y Galicia asumen la gran mayoría de la producción comunitaria- llevan ya mucho tiempo avisando, lo mismo que en el caso de Tailandia, de las nefastas consecuencias y el "riesgo" para la supervivencia del sector, de las ventajas arancelarias concedidas o a conceder por parte de Bruselas a esos países, sus principales competidores en el comercio atunero.
"Nos parece fantástica la tarjeta amarilla, previa a la roja, y que esto sea un freno para ofrecer a esos países ventajas arancelarias", señaló Vieites. El portavoz de la patronal conservera recordó que "conocíamos y avisamos de la situación que se produce en Papúa y Filipinas, y que la CE había hecho estudios sobre esto y ahora se comprueba que no se cumplen las normas la sostenibilidad de los recursos y ya es hora de que todo el mundo asuma que hay que operar con esos criterios para que en el futuro siga habiendo peces ".
Por último, recordó que este control es más necesario que nunca "cuando hablamos de un recurso, como el atún, con una producción de 4,5 millones de toneladas al año", indicó Vieites. El portavoz de los atuneros y conserveros comunitarios, señala también su deseo de que la UE exija a los países con los que firma acuerdos y u ofrece ventajas también sostenibilidad social y laboral.
