La nueva obligación recientemente comunicada al sector por el Ministerio de Sanidad de que toda la pesca congelada capturada por barcos españoles y trasvasada en terceros países para ser trasladada a puertos españoles -con el de Vigo como el de mayor movimiento de esta mercancía- se equipare a efectos de control documental sanitario con las importaciones, que ayer avanzó este diario, emana de una amenaza de apertura de expediente sancionador a España por parte de la Dirección General de Sanidad y Consumo (DG Sanco) de la UE por incumplimiento de la normativa comunitaria sobre esta cuestión (directiva 97/78/CE y Reglamento (CE) 882/2004.

Y es que la DG Sanco, tras una auditoría el pasado año sobre los sistemas de control de producción y comercialización de los productos pesqueros en España, requiró a la administración española a tomar las medidas necesarias para el cumplimiento de la mencionada normativa. Y a raíz de tal apercibimiento de Bruselas fue que el Ministerio de Sanidad decidió modificar la interpretación que en los últimos años venía aplicando de la regulación comunitaria y, por ello, estableció la obligación de realizar controles en los Puntos de Inspección Fronteriza (PIF) de los puertos españoles a todas las partidad de productos de la pesca de buques congeladores o buques factoría comunitarios que hayan sido previamente desembarcados, trasvasados o almacenadas en un país tercero. Además, se obliga a esta mercancía a disponer de un certificado veterinario o de "no manipulación" del país tercero en que se realiza el transbordo, "imposible de lograr en muchos casos y no se puede imponer a otro país el cumplimiento de una norma ajena". El sector entiende que la interpretación anterior era la correcta y que la aplicación del criterio de Bruselas no es "factible" por lo que intentan que el Gobierno español asuma sus planteamientos y los pelle en Bruselas.

El criterio de la DG Sanco es de aplicación en el resto de la UE desde 2010, aunque ningún país ni puerto europeo alcanza el volumen de España y Vigo en pesca congelada, por la incomparable dimensión de su flota en terceros países ni de su tejido industrial en procesado, congelado o comercialización de pesca. Solo en el puerto de Vigo, el volumen anual de pesca congelada desembarcada se acerca a las 700.000 toneladas, de las que, según cálculos del sector, 100.000 se verían afectadas por la nueva normativa de la UE, al ser capturas de barcos españoles que llegan a puerto en contenedores tras haber sido transbordados en puertos de todo el mundo "sin manipulación ni modificación organoléptica", porque solo "pasan de la bodega del pesquero a otro barco y por eso sigue siendo pesca española, sometida a todos los controles españoles y comunitarios y nunca puede ser considerada importación".

Plazos

Para evitar un grave impacto demoledor, como prevé el sector, Sanidad ha decidido conceder un plazo "bastante amplio" -los afectados opinan lo contrario- para que la medida entre en vigor de forma definitiva, el 15 de septiembre. Desde esa fecha será obligado prenotificar la llegada de tales partidas a puerto y pasar los controles veterinarios en el PIF. Pero, en tal graduación de la aplicación de la norma, a partir del 15 de junio,se obligará a notificar la llegada de la mercancía con un certificado veterinario.