La flota de palangre de superficie de Vigo y A Guarda, dedicada a la captura de pez espada y tiburones, ha planteado a la administración pesquera española para que la transmita a la Comisión Europea su "firme oposición" a las exigencias planteadas por Cabo Verde en las negociaciones del nuevo acuerdo pesquero. Y, entre las exigencias que más han encendido los ánimos de los palangreros está la pretensión del país africano de limitar las capturas de tiburones en sus aguas a entre 1.500 y 2.000 toneladas, cuando las dos especies que capturan -marrajo y quenlla- carecen de cuota en el Atlántico por acuerdo del Iccat el organismo internacional al que también pertenece Cabo Verde y que gestiona las pesquerías de túnidos y afines en el Atlántico.

"Le hemos pedido a la administración firmeza total para oponerse a esa exigencia de Cabo Verde, que carece de razón científica o técnica que la justifique: si no se firma el acuerdo con Cabo Verde, que no se firme, que ya buscaremos alternativa pero ya no podemos seguir agachando la cabeza por realizar una actividad autorizada y sin objeción científica y, además, ya estamos hartos de dar explicaciones por pescar tiburones cuando podemos pescarlos". Así de contundente se mostraba Juan Antonio Pintos, gerente de Orpagu.

Similar postura es la que mantiene Conchi Ortega, la gerente de Espaderos Guardeses, quien considera inaceptable la propuesta del país africano, al entender que "los españoles y los portugueses somos los únicos que tenemos que asumir una normativa muy restrictiva en pesca de tiburones, como la de las aletas adheridas y, ahora, un país pretende por su cuenta poner cuotas a los tiburones en sus aguas cuando ese país está dentro de Iccat y ese organismo no impone cuotas; no tiene sentido", asegura.

Al margen de esta demanda de limitación de capturas de tiburones, Cabo Verde pretende también reducir el número de licencias, de 35 a 30, en el caso de los palangreros y, de ellas, 27 serían para la flota gallega. En este caso, el sector no encuentra razones para la beligerancia, ya que la treintena de permisos se aproxima a las licencias en uso efectivo por parte de la flota.

Otro de los asuntos que mantiene en punto muerto las negociaciones de Bruselas con Cabo Verde es la pretensión del país de obligación de desembarcar las capturas en sus puertos, además de vender las capturas a la industria conservera local, cuestiones que afectan especialmente a los atuneros. Por su parte, los palangreros, que ya usan el puerto de Mindelo como base logística, aseguran estar disconformes con la obligatoriedad, por el precedente que podría suponer en futuras negociaciones con otros países. Aun así, aceptaría una propuesta, aunque sin obligaciones, de incentivos a la competitividad de los puertos caboverdianos, aunque recuerdan que es el propio país el más interesado en mantener la presencia en sus puertos de la flota comunitaria.

Esas diferencias de criterio tienen parada la negociación del nuevo acuerdo pesquero entre Bruselas y Cabo Verde. De hecho, la segunda ronda estaba prevista para mediados de este mes y se aplazó, sin que de momento se conozca la fecha de la tercera, que se esperaba para antes de finalizar abril.

El actual acuerdo permite faenar en el país a 20 atuneros cerqueros (16 españoles), 35 palangreros (26 españoles) y 11 cañeros (7 españoles).